Ciudad de México.- La defensa de Rosario Robles, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, acusó que los fiscales que participaron en la audiencia de vinculación a proceso de su clienta presentaron una solicitud de licencia falsa para lograr que el juez Felipe de Jesús Delgadillo le dictara prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Consultado por Excélsior, Hernández Barros explicó que se trata de un documento “evidentemente apócrifo”, que en su momento fue refutado por la defensa, y que el ministerio público presentó ante el juez de control con datos, firma y fotografía falsos.
Detalló que en él se puede observar que la fotografía fue tomada, tal vez de internet, que la firma no corresponde con la de la exsecretaria de Desarrollo Social y además contiene datos que no corresponden con el domicilio de Robles.
La licencia llegó de forma anónima a nuestras manos, con datos de la SEMOVI de la Ciudad de México, señala en su base de datos que el domicilio de nuestra defendida es la calle de Tennyson s/n, Col. Axotla, en Álvaro Obregón.
En realidad, por cierto, la calle de Tennyson está ubicada en la Polanco, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Los datos se pueden revisar en las bases de la Secretaría de Movilidad”, detalló el litigante.
NIEGAN SUSPENSIÓN
Por otra parte, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, deberá permanecer en prisión, al menos unos meses más, hasta que se resuelva en definitiva la demanda de amparo que interpuso contra la resolución de un juez de control de vincularla a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por la llamada “Estafa Maestra”.
Y es que el juez de amparo Patricio Vargas Alarcón rechazó este jueves conceder la suspensión definitiva a Robles Berlanga contra el auto de vinculación a procesos y prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla dictada por el juzgador Felipe de Jesús Delgadillo.
Será el tres de octubre cuando el juez Vargas Alarcón celebré la audiencia constitucional y, si no existe diferimiento u obstáculo legal alguno se resuelva el juicio de amparo solicitado por Robles. Incluso la exfuncionaria puede impugnar ante un tribunal colegiado las negativas de suspensión para que magistrados federales revisen y califiquen la determinación del juez de amparo.
