Ciudad de México.- El 61 por ciento de los mexicanos valora de manera positiva la estrategia anticorrupción del Gobierno de México, reveló el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), lo que representa un salto claro respecto al 24 por ciento registrado en la edición de 2017 de dicho estudio.
La medición, elaborada por Transparencia Internacional, con sede en Berlín, muestra un “histórico salto de la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló en un comunicado la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México destaca como una excepción para América Latina en materia de confianza ciudadana, por encima de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú”, expuso.
Agregó que “mientras que en la región en su conjunto 57 por ciento de la población valora negativamente el desempeño de sus respectivos gobiernos en la lucha contra la corrupción, en nuestro país este número llega apenas a 36 por ciento”.
Detalló que en 2017, el 61 por ciento de los mexicanos reprobó la labor del gobierno de Enrique Peña Nieto en esta materia.
“Los resultados obtenidos por México se dan como parte de la 4ª. Transformación que vive el país, en la cual la Secretaría de la Función Pública, institución encabezada por la Doctora Irma Eréndira Sandoval, ha implementado un plan de trabajo constituido por 5 ejes para acabar con la corrupción”, detalló.
La dependencia mencionó la fiscalización efectiva de los recursos públicos; la transparencia de la nómina del gobierno federal; la protección a alertadores ciudadanos de la corrupción; la asignación expedita de responsabilidades a los servidores públicos que incurran en irregularidades, así como el impulso de la austeridad republicana.
El Barómetro Global de la Corrupción es uno de los estudios internacionales más importantes con respecto al fenómeno de la corrupción, señaló la SFP.
Agregó que esta evaluación se ha realizado en 10 ocasiones desde 2003 y busca medir tanto las percepciones ciudadanas, como la experiencia directa de la población con respecto a la honestidad de las instituciones gubernamentales.
