Ciudad de México. En un informe de las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que se tiene corroborado que la noche de los hechos, hace cinco años, ninguno de los jóvenes entró en contacto con algún grupo delicitivo.
El fiscal especial de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso, Omar Gómez Trejo, aseguró que en los próximos días se girarán los citatorios para todos aquellos que tenían en ese momento tenían un cargo de autoridad en los tres niveles de gobierno, incluido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
A pregunta sobre la posibilidad de que se cite al ex presidente, Enrique Peña Nieto, dijo que se citará “sea quien sea” que pueda tener información que aportar como testigos”.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Encinas recordó que en recientes declaraciones Murillo Karam aseveró que no todos los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, lo que significa no un matiz, sino un cambio respecto al elemento fundamental que sostiene la denominada verdad histórica del caso Ayotzinapa.
Para Encinas, la relevancia del esclarecimiento del caso Ayotzinapa, más allá de la justicia para los jóvenes de Ayotzinapa, es comenzar a desterrar la descomposición del viejo régimen como es la narco-política, la impunidad, corrupción, omisiones y silencio de las autoridades.
Destacó que en el replanteamiento de las investigaciones existen dos líneas de investigaciones solicitadas por los padres: la búsqueda en vida de los estudiantes y la línea de destino final.
El subsecretario hizo un apretado resumen del cambio sustancial en las investigaciones.
Destacó la reincorporación de quienes integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en principio sólo Ángela María Buitrago y Francisco Cox. Pero informó que en los próximos días se unirá el resto.
También subrayó la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el laboratorio de Innsbruck y los médicos forenses argentinos. Inclusive se tiene previsto solicitar colaboración del gobiernos de Estados Unidos para detectar las llamadas que se hicieron entre elementos del grupo delictivo Guerreros Unidos con contactos en Chicago.
Encinas mencionó que se tienen el seguimiento de 80 millones de llamadas realizadas en México para identificar posibles elementos que aporten a la investigación. Refirió que se han realizado operativos en cinco municipios de Guerrero, entre ellos, Iguala, Cocula, Mezcala, Huitzuco y Tepecuacuilco .
Algunos de ellos están en marcha, con el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional, la cual ha colaborado en diversos órdenes, entre ellos en la apertura de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y la puesta a disposición de todos los elementos militares que estuvieron activos la noche de los hechos.
El fiscal especial Gómez Trejo destacó que el replanteamiento de la investigación pretende tener una visión integral de toda la información, que incluirá las investigaciones que realizaron las autoridades de Guerrero antes de que el gobierno federal atrajera la investigación, casi seis días después.
Detalló que las recientes liberaciones de presuntos responsables obedecieron a una resolución de un tribunal colegiado en Reynosa, a partir de irregularidades en la integración de las investigaciones y la prácticas de tortura,
“Lo que estamos haciendo es proveer de mayores pruebas al juez, darle un análisis detallado. Lo que sí vamos a hacer es que personas que ya salieron no quedan excluidas de la justicia. Si estas personas son responsables de actos y omisiones volverían a rendir cuentas ante la justicia. Estamos haciendo una investigación clara, objetiva, con pruebas sólidas, entonces serán localizados y ubicados”.
