Cuenta una leyenda que en los tiempos de Felipe Calderón como Presidente de la República fueron convocados a Palacio Nacional los gobernadores de los Estados, la intención era “revisar” temas que tenían que ver con la violencia, con el crimen que empezaba controlar municipios y regiones de muchas partes del país y lo hacía a base de fuerza y complicidades locales y federales.
Empezó, como se estilaba en aquellos días, una amplia exposición del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que con estadísticas de las Procuradurías locales, datos obtenidos de diferentes dependencias y hasta recortes de periódicos daba a conocer los Estados que ocupaban los primeros lugares en delitos, en los primeros lugares apareció Coahuila lo que obligó al gobernador de ese Estado, en ese tiempo, a pararse con un manotazo en la mesa y alzó la voz ante la sorpresa de todos y el enojo de Calderón que ahí se encontraba.
“A ver Presidente, esos datos nosotros los tenemos porque se los enviamos, conozco la trampa, el gobierno federal se quiere lavar las manos y federalizar el delito, ante la incapacidad que muestran o las complicidades nos quieren echar la culpa de todo a los gobernadores, así que de una vez le pregunto, ¿los datos son para luego informarnos que por fin van a federalizar también los presupuestos y nos van a aumentar partidas o solo para acusarnos, va a haber más recursos para que las entidades puedan con sus compromisos en materia de seguridad o no?, porque veo que está toda la prensa y solo tratan de lucirse y hacernos ver como los malos”.
La respuesta fue que se trataba de un diagnóstico que se había hecho, que los recursos se seguirían aplicando de la manera que las instancias correspondientes del gobierno federal lo consideraran pertinente y de acuerdo a su estrategia por lo que al tiempo que el gobernador se levantó de su silla para retirarse gritó.
“Lo sabía, son unos tramposos, nomás nos quieren culpar a nosotros de que no podemos mientras ustedes, que tienen la mayor culpa porque los delitos que se cometen en las Entidades son del fuero federal o tienen ese origen o motivo, se siguen gastando el dinero de quién sabe qué manera porque no dan resultados y así yo no le entró a este juego”.
Lamentablemente la vieja historia, cuento o anécdota encaja perfectamente con lo que hoy ocurre en este México lindo y querido, el gobierno federal sigue federalizando el delito pero no los presupuestos y no me refiero únicamente al tema de seguridad sino también en lo que respecta a educación, salud, el desarrollo social o agropecuario y todos los temas que tienen que ver con el manejo de dineros.
Es por eso que el gobierno del Estado en voz del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hoy reclama un trato más justo para Tamaulipas, con un agregado, los argumentos del ejecutivo estatal son más sólidos que los de antes, el Estado es el número dos en recaudación de impuestos para la federación y cada vez le recortan más dinero.
En esta época es más sencillo fiscalizar el gasto público y es bastante más eficiente que quien lo aplique sea quien conoce de primera mano los problemas de su sociedad, ya sean los gobiernos municipales o el Estado por lo que no hay excusas para no hacerlo, más aún, quién es el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, prometió hacerlo de esa manera.
Hoy la lucha por el reparto del presupuesto nacional es cruenta, todos quieren más recursos mientras que la federación sigue pensando en ejercer los dineros del pueblo a capricho de sus ideas, de lo que va surgiéndoles en sus cabezas o compromisos políticos, digo, nadie puede negar que la forma de aplicar presupuesto solo obedece a crear clientela para futuras elecciones, se regala sin que se piense que va a generar algo de beneficio para la nación.
Es, en ese entendido, que los Diputados federales tamaulipecos deben entrar en acción y negociaciones para que a Tamaulipas le toque lo que en justicia corresponde, más dinero que nos permita atender nuestras necesidades, nuestras prioridades.
Vaya, es tiempo que la lucha por los dineros llegue a un final justo, sobre todo, es tiempo de frenar los apetitos de los gobiernos federales tramposos que sólo señalan a los Estados como que nadan en delincuentes o transas pero no aportan recursos para combatir esos problemas ni se aplican como debe ser para frenarlos.
En otras cosas… Hidalgo, Texas.- La Campaña de Seguridad y Prosperidad se busca presentó este martes una lista actualizada de objetivos criminales prioritarios que operan en ambos lados de la frontera de Tamaulipas y Texas.
El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, junto con autoridades de la Fuerza de Tarea Conjunta de esta región del sur de Texas, que agrupa a cerca de una decena de agencias federales y estatales estadounidenses, presentó esta nueva fase del programa originalmente lanzado en junio del 2018.
“Este ha sido un programa sumamente exitoso, es único a nivel nacional, y tiene como finalidad poder trabajar de la mano con las agencias de Homeland Security y el Gobierno de Tamaulipas con la única finalidad de mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en ambos lados”, dijo el Gobernador García Cabeza de Vaca.
Especialmente, agregó para “poder ubicar a todas aquellas personas violentas que han generado problemas en nuestros países”.
Austin Skero, Subjefe del Corredor del Sur de Texas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, destacó la participación del Estado de Tamaulipas en la aprehensión de objetivos prioritarios gracias a este programa.
“Como resultado, siete de los diez objetivos identificados el año pasado ya han sido detenidos y es gracias a la diligencia y trabajo duro de nuestros aliados en México”.
En la campañas intervienen las siguientes agencias federales y estatales de los Estados Unidos: Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services, Federal Bureau of Investigations y Texas Department of Public Safety.
Los números telefónicos de denuncia anónima son 1-800-863-9382 y por medio de mensajería Whatsapp, 956-295-0887.
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