Quito.- Los ecuatorianos iniciaron el viernes un feriado nacional de tres días en medio de un sostenido proceso de incertidumbre política, propiciada especialmente por protestas que se han extendido por más de una semana en oposición de un paquete económico del gobierno que entre otras cosas dispone una sustancial elevación del precio de los combustibles.
Miles de indígenas han convertido las instalaciones de la Casa de la Cultura y universidades católicas cercanas en su sede para permanecer en esta capital, donde el jueves mantuvieron retenidos durante todo el día a nueve policías y a casi 30 periodistas para obligar a estos últimos a transmitir sus declaraciones.
Durante la madrugada llegó al sitio otro millar de indígenas de la Amazonía a fin de aumentar la presión sobre el gobierno, al cual exigen la derogatoria inmediata de las medidas. El presidente Lenín Moreno ha dicho que no dará marcha atrás debido a la urgencia de las reformas para estabilizar la caja y la economía fiscal.
Marlon Vargas, dirigente de los indígenas de la Amazonía, dijo a su llegada a la casa de la Cultura que “nos hemos tomado las instituciones (estatales) así como también los pozos petroleros y hemos dicho que no habrá nada ni para Guayaquil ni para Quito”.
Los ataques a los pozos de producción y las instalaciones del principal oleoducto obligaron a la empresa estatal Petroecuador a declarar en todas sus operaciones situación de fuerza mayor, contemplada en sus contratos, lo que significa una advertencia a sus socios y proveedores de posibles retrasos e incumplimientos de entregas, evitando así multas o sanciones.
Ecuador tiene contratos con empresas estatales como ENAP, de Chile, Petroperú y con Petrotailandia, Petrochina y Unipec.
En las principales terminales de autobuses de Guayaquil, Quito y otras ciudades hay una reducida concurrencia de usuarios para desplazarse aprovechando el feriado nacional de tres días, mientras las empresas de transportes no ofrecen garantías de que los viajes terminen antes de lo previsto a causa de bloqueos en las vías alentados por grupos indígenas.
Las protestas iniciaron el 3 de octubre con un paro de transportistas que dejó al país sin servicio urbano e interprovincial, poco después los estudiantes se unieron y finalmente los indígenas llegaron por miles desde el lunes a la capital para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles, cuyos precios pasaron de 1,85 dólares el galón de gasolina a 2,39, y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares, entre otras reformas de carácter laboral y financiero.
Las manifestaciones callejeras, que incluso llegaron a tomar momentáneamente la Asamblea, subieron de tono y el miércoles mostraron una violencia inusitada cuando en la marcha de los trabajadores aparecieron grupos de encapuchados que atacaron con violencia a la policía.
El saldo de los incidentes es de cinco fallecidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aunque el gobierno ha reconocido dos muertos y no producto de la represión, sino de un atropellamiento y una caída.
El gobierno ha señalado que hay cerca de 700 detenidos y que muchos ya fueron liberados.
Ante la situación, Moreno –que empezó a gobernar en mayo de 2017 y debe terminar su mandado en mayo del 2021– trasladó la sede del gobierno a Guayaquil para reducir tensiones.
