Madrid.- Un juez imputó el miércoles al gigante español de la construcción FCC por el presunto pago de comisiones a políticos panameños y de otros países para obtener adjudicaciones de obra pública, señaló un comunicado de la Audiencia Nacional española.
La investigación se inició en 2017, a raíz de una querella contra un asesor de la multinacional de liderazgo brasileño Odebrecht, quien se sirvió de sociedades pantallas españolas para blanquear los sobornos de diversas consultoras a cambio de las adjudicaciones.
En concreto, el auto de instrucción del juez Ismael Moreno hecho público este miércoles relata cómo tres sociedades de FCC constituyeron un consorcio con Odebrecht para obtener los contratos para construir dos líneas de metro y la Ciudad de la Salud en Panamá.
La empresa aportó facturas por un total de 82,7 millones de euros (91,8 millones de dólares) por servicios no prestados entre los años 2010 y 2014, un dinero con el que el juez sospecha que los directivos del consorcio pagaron dádivas a empleados y dirigentes políticos en Panamá. Los directivos han sido apartados de sus puestos.
En el caso de la construcción del metro, la fiscalía anticorrupción acusa a los ejecutivos de establecer “un esquema de corrupción repetido” por el que se sobredimensionaba el suministro de acero necesario para facturarlo al doble de su precio.
El juez investiga también 13 obras de infraestructura en las que participó el consorcio y que se licitaron en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.
“La compañía no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa,” señala el juez en base a los indicios encontrados hasta la fecha.
