Ayer martes a contrapelo, después del impacto mediático que asestó el INEGI al actual gobierno, reconociendo que la economía mexicana ya se encuentra en Recesión Técnica (dos trimestres consecutivos con decrecimiento o crecimiento negativo del PIB), la iniciativa privada, encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y la Asociación Nacional de Bancos, así como por Carlos Slim, después de una espera de más de 6 meses, anunció el Plan Privado de Infraestructura.
De entrada, debemos subrayar, que este plan se esperaba que contara con mil 600 proyectos. Segundo, que su presupuesto fuera de al menos 424 mil millones de dólares. Tercero, que se liderara por proyectos del sector minero, rondas petroleras, reactivación del nuevo aeropuerto de Texcoco (dejando la ocurrencia de Santa Lucía), además de fortalecer los planes de desarrollos turísticos estratégicos, energías limpias Eólicos y Fotoceldas, sin descuidar el campo agroindustrial. Respaldando por la voz del empresariado para exigir al congreso norteamericano que libere al T-MEC.
Pero el plan de entrada, no fue acompañado de inversiones serias y planeadas de acompañamiento por el Sector Público. Esto es, dicho plan es privatizado al 100%, además de ser considerado por inversiones inerciales; esto es, proyectos que la iniciativa privada debe realizar para sostener su presencia en el mercado mexicano.
Significa que el grueso de los 155 proyectos anunciados, son ampliaciones de concesiones ya entregadas, desdoblamientos e inversiones que el sector privado tiene que hacer por inercia y compromiso previo al nuevo gobierno.
En principio se trató de un catálogo de 60 proyectos que encabezó Carlos Slim Helú. Posteriormente se subieron a la iniciativa el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar y el Consejo Mexicano de Negocios de Antonio del Valle Perochena.
El plan de infraestructura que dio a conocer ayer Andrés Manuel López Obrador amenazó para ser un anuncio de espectáculo de un solo día, lejos de incentivar a los mercados, debido a que no es del gobierno sino de los empresarios.
La contraparte del gobierno para esta aventura, es encabezada por Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, el cual no ha sido cuerpeado y respaldado del resto de los secretarios, como el de Hacienda Arturo Herrera, de Energía Rocío Nahle, y la de Economía Graciela Márquez.
Lo fundamental de un verdadero Plan Nacional de Infraestructura, es que tenga un componente integral de inversiones mixtas públicas y privadas, bien hilvanadas, para que se convierta en el motor del desarrollo a través de obras estratégicas por conducto de la industria de la construcción, que a su vez detona al menos otras 45 ramas económicas nacionales.
Al final, la prueba de fuego de este desarrollo, debe considerar la forma como será detonante del incremento urgente de nuestro PIB para superar el actual estancamiento y a su vez, cumplir la promesa de campaña del gobierno para crecer al menos en un 4% anual y ofrecer el millón 250 mil empleos formales que urgen a México y a los mexicanos.
Este proyecto privatizado de infraestructura, amenaza de ser un anuncio solo de relumbrón y no un programa estructural elaborado con inversiones en alianza público privada…
