Desde el Gobierno federal se está “cocinando” una contra reforma en materia penal. Igual que se hizo con la reforma educativa, que fue borrada de tajo, ahora se busca sepultar gran parte del sistema de justicia penal acusatorio, en el que se han invertido miles de millones de pesos en infraestructura y formación de sus operadores.
Todavía no hay claridad sobre el contenido de la acción legislativa que viene porque sus autores han preferido no sacarla a la luz pública hasta que llegue al Congreso de la Unión, pero las pocas filtraciones que se han hecho resultan bastante preocupantes porque enseñan una intención del Poder Ejecutivo de monopolizar la procuración e impartición de justicia.
A través de la modificación de 14 artículos de la Constitución Política del país y otras iniciativas de ley, el Ejecutivo buscará arrogarse mayores facultades para tener una especie de manos libres en la operación del sistema de justicia.
El asunto es para asustar porque una gran parte de las modificaciones que se harán a la Carta Magna terminarán repercutiendo en el justiciable, al colocarlo en una situación desventajosa y vulnerable frente a un Gobierno que, desde que inicio, se ha caracterizado por el abuso del poder. Un Gobierno para el que no hay más verdad que la suya y para el que la única solución a los problemas sociales es la que él propone.
Si no me cree, déjeme y le detallo algunos de los aspectos que contiene la acción legislativa en ciernes.
1.- Se pretende que la figura del arraigo opere para la generalidad de los delitos y no solamente para el de delincuencia organizada como sucede en la actualidad. Eso significa que usted podría ser privado de su libertad, por periodos de 40 a 80 días, hasta en tanto se resuelve su situación legal con respecto a algún ilícito que se le atribuya.
2.- Bajo ciertos criterios, se podrá usar en los procesos penales evidencia obtenida de manera ilícita. Desde luego se trata de un absurdo porque en ese entendido una confesión lograda a base de torturas podría ser válida.
3.- Se legalizará la intervención de comunicaciones en asuntos electorales y fiscales. Es decir, la autoridad podrá, sin restricciones de ningún tipo, intervenirle su teléfono en busca de evidencia para incriminarlo.
4.- Los reos podrán ser movidos de un penal a otro sin requerirse para ello la autorización por parte de un Juez.
5.- Será el Senado de la República el responsable de designar a Jueces y Magistrados. ¿Cómo garantizarán que lleguen a esos cargos los más capaces y no los que tengan mejor padrino político?.
6.- Desaparecerán los llamados Jueces de Control para que sea un mismo Juez el que tenga bajo su responsabilidad el proceso penal, igual que ocurría en el sistema tradicional vigente hasta antes del 2016.
Estos son solamente algunos aspectos de la acción legislativa que presuntamente ya está lista para ser entregada al Congreso de la Unión, lo cual tentativamente sucederá el uno de febrero.
La verdad, es algo para asustarnos. No es sano para ninguna sociedad permitir tanta concentración de poder , y menos cuando con ello que se pone en riesgo la libertad de las personas.
Por otra parte, resulta una aberración pretender echar abajo un sistema de justicia penal, como el acusatorio, cuando va a cumplir apenas cuatro años de su implementación.
Es una realidad, y aquí hemos escrito bastante sobre ello, que el sistema acusatorio y adversarial, estrenado en 2016, muestra deficiencias que están repercutiendo en los justiciables. Una de ellas, por ejemplo, es el enorme rezago de carpetas de investigación que hace lentísima la respuesta a la demanda de justicia del ciudadano.
Sin embargo, pretender eliminar un modelo de justicia para reemplazarlo por otro es un absurdo por cualquier lado que se le vea, sobre todo porque el fracaso no es atribuible a las instituciones sino a quienes las operan.
Por todo ello, ojalá que desde la misma sociedad surjan voces que impidan esta nueva ocurrencia del Gobierno en turno. Créame: si lo permitimos nos estaremos lamentando muy pronto.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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