La crisis migratoria centroamericana tiene al Gobierno mexicano en el centro de un debate polémico por el repentino cambio en su forma de enfrentar el fenómeno. Por un lado, hay quienes le reclaman y critican a la administración lopezobradorista el repentino endurecimiento de su política migratoria, sobre todo porque en el inicio de su Gobierno permitió el libre tránsito de los “ríos” de migrantes que van en busca del “sueño americano”.
Acusan a Andrés Manuel López Obrador, de estar sirviendo a los intereses de Donald Trump, usando a la Guardia Nacional como muro de contención de la oleada migrante.
Del otro lado, hay otro sector de la sociedad que apoya la decisión del Gobierno mexicano de impedir la entrada de caravanas migrantes procedentes en su mayoría de Honduras, Guatemala, Salvador y otros países en condición de pobreza e inseguridad.
Se argumenta que lo único que hace la autoridad es cumplir con las leyes en la materia. Es natural, normal, que haya posiciones encontradas, y más tratándose de un problema como el migratorio que durante los últimos años se ha venido recrudeciendo a nivel mundial. En lo personal me parece que más allá de qué hay razón en ambas partes, lo cierto es que como mexicanos debemos ponernos del lado del Gobierno. Se lo confieso: no soy para nada simpatizante de López Obrador porque, como lo he señalado aquí en repetidas ocasiones, considero que su forma de ejercer el Gobierno es absurda y peligrosa, tanto que en algún momento va a conducir al país a una crisis social. Sin embargo, al menos en este caso, soy un convencido de que hace lo correcto al cerrar la frontera sur. Esta vez tiene razón. Si lo hace, como se dice, por presiones o chantajes de Donald Trump, es lo de menos porque finalmente habrá un enorme beneficio social para nuestro país. No es para nada desconocido que el fenómeno migratorio es una de las principales fuentes de financiamiento para la delincuencia organizada. Cada migrante paga entre 5 y 10 mil dólares a las bandas criminales para ser llevado hasta Estados Unidos, lo que convierte al tráfico humano en una actividad mucho más rentable que el narcotráfico. Cómo no lo va a ser si hay estimaciones de que cada año ingresan a México, por su frontera sur, alrededor de 500 mil extranjeros que intentan llegar a territorio estadounidense.
Muchos de esos migrantes terminan varados en municipios fronterizos, como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, agravando su problemática social. De eso hay evidencia de sobra.
A ello hay que sumarle que , por necesidad o por gusto, muchos de los migrantes se ven obligados a delinquir en su trayecto hacia la frontera norte.
Eso significa que el fenómeno migratorio es un factor incidente en la grave crisis de inseguridad pública que vive nuestro país. Hay evidencias de que muchos migrantes con coptados por las bandas del crimen organizado para ser utilizados como sicarios o transportadores de droga.
Bajo ese escenario, insisto en que más allá de estarnos desgarrando las vestiduras porque López Obrador le está haciendo el trabajo a Trump, sirviendo de barrera a los migrantes, deberíamos alegrarnos de que, por fin, el Gobierno mexicano esté protegiendo su frontera sur.
No importa la razón, lo que importa es que por fin se está ejerciendo un control sobre lo que ingresa por esa línea divisoria con centro américa.
¿Y los derechos humanos de los migrantes? No todos los derechos humanos son absolutos. En una colisión de derechos lo procedente es ponderar cual es el más importante.
Además, el hecho de detener a quienes intentan ingresar ilegalmente a México no necesariamente significa la violación a uno o varios derechos. Si eso fuera cierto entonces éste país sería un desastre porque cualquiera podría violentar la ley amparado en sus derechos humanos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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