Ciudad de México.- La ineficiencia del MP frenó 57% de las 63 mil 630 investigaciones abiertas entre enero de 2018 y junio pasado sobre huachicoleo, narcotráfico, secuestro, corrupción, lavado y trata, entre otros.
Ante esto, la FGR impulsa un nuevo Plan de Persecución Penal, basado en una “política de priorización” centrada en diez delitos de alto impacto para desarrollar “un modelo de investigación criminal que permita analizar mercados ilícitos”.
El documento, entregado el miércoles al Senado y que Excélsior adelantó en exclusiva, incluye un cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). En este último concepto, la FGR prevé que en el Poder Legislativo y diferentes grupos de la sociedad puedan rechazarse los ajustes requeridos para concretar este cambio en la forma de investigar delitos federales.
Sobre el estado de las casi 64 mil carpetas, reconoce que en la institución el manejo de casos complejos es una asignatura a mejorar, pues la efectividad es baja.
Torpeza de MP frena 57% de indagatorias
Incluye un cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la Fiscalía
La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa el nuevo Plan de Persecución Penal, basado en la “política de priorización” y centrada en 10 delitos de alto impacto, porque la actual ineficiencia del Ministerio Público frenó 57% de las 63 mil 630 investigaciones que se abrieron entre enero del 2018 y junio del año pasado sobre huachicoleo, narcotráfico, secuestro, corrupción, lavado de dinero y trata de personas, entre otros.
Este jueves, Excélsior informó en exclusiva que el Plan de Persecución Penal que la Fiscalía General de la República entregó el miércoles al Senado de la República se basa en el criterio de 10 delitos prioritarios para desarrollar “un modelo de investigación criminal que permita analizar mercados ilícitos”, con base en el estudio integral de la demanda, flujo económico y “los fenómenos de macrocriminalidad presentes en distintas zonas geográficas”.
El documento, de 70 páginas y que inicialmente el miércoles estuvo restringido sólo para el conocimiento de algunos senadores, pero que ayer ya fue distribuido a quien lo solicitara, incluye un cuadro de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), en el que la Fiscalía prevé como amenazas que tanto en el Poder Legislativo como en diferentes grupos de la sociedad puedan rechazar los cambios que se requieren para hacer realidad este cambio en la forma de investigar los delitos federales.
En la zona de Amenazas identifica “rechazo o postergación de las reformas legales propuestas al Poder Legislativo; proceso de transición simulado a causa de la resistencia al cambio; desconocimiento del rol de la institución por parte de la población y del sector público; campañas de desprestigio y presión de los medios de comunicación.
“Incremento de la desconfianza ciudadana a causa de la impunidad; masividad, sofisticación e incremento de la violencia de fenómenos criminales; incremento de denuncias ingresadas sin imputado y que requieren de mayor esfuerzo para su investigación y reducción presupuestal de cara al surgimiento de la Fiscalía General de la República (FGR).”
El documento precisa que la decisión de “priorizar” la atención a 10 tipos de delitos: corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, cometidos contra derechos humanos, contra la libertad de la persona, contra el comercio, de armas de fuego, contra el sistema electoral, ambientales y narcotráfico, que a su vez implican diferentes tipos penales, es para registrar mejores resultados.
Así, detalla que de enero del 2018 a junio del 2019 se registraron 63 mil 630 investigaciones concernientes a alguno de los 10 ejes delictivos, de los cuales el 74% inició sin imputado conocido.
“Los datos provistos por el sistema Justici@Net respecto del estatus que estas carpetas presentan, demuestra que en la institución el manejo de casos complejos aún representa una asignatura a mejorar, debido a que la efectividad aun es baja.
“El 33 por ciento de las investigaciones han sido determinadas por “no ejercicio de acción penal; el 24 por ciento por “archivo temporal”, mientras el 16 por ciento se reportó en trámite. Lo anterior implica que en el 57 por ciento de los casos prioritarios se detuvieron las labores de investigación”, dice la Fiscalía General.
