Tegucigalpa.- El Ministerio Público hondureño capturó el martes al comisionado general de la Policía Nacional del país centroamericano, Leonel Luciano Sauceda, y a su esposa, acusados del delito de lavado de dinero.
Las autoridades informaron en un comunicado del arresto de Sauceda y de Patricia Sbeltlana Estrada registrado en un residencial de la capital hondureña, como parte de un operativo en el que se incautaron un total de 33 bienes “de origen ilícito”, entre ellos dos vehículos y tres terrenos.
Sauceda ingresó en la Policía Nacional en 1992 y el 30 de enero pasado ascendió al rango de comisionado general después de tener diversos cargos y jefaturas tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Fue portavoz de la Secretaría de Seguridad durante los gobiernos de Ricardo Maduro (2002-2006) y Porfirio Lobo (2010-2014).
Según la investigación, Sauceda no pudo justificar movimientos en 13 cuentas bancarias a su nombre por más de 13.8 millones de lempiras (más de medio millón de dólares) por un periodo de once años, de 2006 a 2017.
En el caso de su esposa no fueron justificados 2.7 millones de lempiras (más de 100.000 dólares) en 10 cuentas bancarias “sin establecerse el origen del dinero, ya que la señora no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generaran algún tipo de ingresos”, indica el comunicado.
La fiscalía señaló también que parte de los bienes adquiridos se pagaron en efectivo por lo que no se pudo determinar la procedencia de los fondos.
El año pasado, un tribunal hondureño condenó al ex número dos de la policía, Jorge Alberto Barralaga, por lavado de dinero.
Asimismo, altos oficiales de ese cuerpo han sido acusados en distintos momentos de ordenar asesinatos, de traficar cocaína y encabezar bandas delictivas. En 2018, al menos seis exoficiales de la Policía Nacional enfrentaban cargos criminales en cortes estadounidenses.
La detención de Sauceda es el primer operativo de envergadura después de que la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos en el país concluyera su trabajo el pasado 19 de enero al no poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, un hecho “negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”, dijo entonces la OEA.
Esta comisión, que operaba en el país desde 2015, descubrió redes de organizaciones no lucrativas y legislativas que operaban como fachadas y que movieron fondos públicos a los bolsillos de los legisladores.
Uno de sus logros fue lograr que un tribunal hondureño sentenciara a 58 años de prisión a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, esposa del exmandatario Porfirio Lobo, acusada por 13 delitos de corrupción. Lobo acusó a la comisión de ensañarse con él y su familia.
La corrupción es un problema endémico en Honduras por el que han sido enjuiciados distintos políticos y funcionarios y que ha tocado incluso al actual presidente, Juan Orlando Hernández, un firme aliado de Washington.
Hernández fue objeto de una investigación por parte de Estados Unidos, aunque no se fincaron cargos en su contra. Sin embargo, en octubre una corte de Nueva York consideró a su hermano Juan Antonio culpable, entre otros cargos, de importar toneladas de cocaína a ese país durante años tras un proceso que salpicó al mandatario.
Fiscales y extraficantes dijeron ante la corte estadounidense que el presidente recibió fondos por parte de narcos para poder financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.
