La cifra es alarmante y revela la grave crisis por la que atraviesa la familia, célula base de la sociedad: el 53 por ciento de los asuntos de que conoce el Poder Judicial de Tamaulipas son juicios en materia familiar.
Tan solo en el 2019, los 31 Juzgados en materia familiar que existen en Tamaulipas iniciaron 31 mil 271 juicios.
Se trata en su mayoría de divorcios, incumplimientos de obligaciones alimenticias o disputas por la patria potestad o custodia de los hijos.
Frente a la gravedad del problema, el Poder Judicial y el Poder Legislativo ya están trabajando en el diseño de una reforma de justicia que permita llevar la oralidad a la materia familiar.
Con ello, Juzgadores y legisladores buscan crear un mecanismo que le dé celeridad a la resolución de los Juicios.
Se trata, dicen, de acortar a menos de la mitad el tiempo que tarda un Juez en dictar una sentencia.
El tema es preocupante, coinciden los operadores del sistema de impartición de justicia, sobre todo porque los más afectados están siendo los niños y las personas incapaces por ser los principales protagonistas de los juicios de la materia.
Desde luego que resulta excelente que los Poderes Judiciales y Legislativo estén trabajando en esa reforma. La justicia debe ser pronta y expedita, mandata nuestra Constitución.
Sin embargo, me parece que la crisis que vive la familia exige y reclama una solución de fondo. Hay que atacar las causas del problema y no solamente las consecuencias.
Que en tan solo un año poco más de 31 mil familias tamaulipecas hayan promovido un Juicio para dirimir un conflicto, es evidencia contundente de que algo muy grave está sucediendo en nuestra sociedad, y los Gobiernos están obligados a investigar de qué se trata y diseñar medidas emergentes para contenerlo.
Insisto: es bueno, sí, que se vaya a modificar el procedimiento para dirimir con rapidez los Juicios Familiares, pero eso no resolverá nada porque al paso de los años y con el crecimiento que están registrando los asuntos, el sistema de justicia seguirá rebasado.
Por más rápida que sea la oralidad en un sistema de justicia, no será suficiente para desahogar los miles de juicios que se promueven cada año.
Desafortunadamente no sabemos de alguna instancia de Gobierno esté trabajando en el tema.
Los esfuerzos institucionales, como le decía, están concentrados en incorporar a la ley local un procedimiento más ágil, pero nadie está trabajando en el diseño de medidas que reduzcan o disminuyan los juicios.
Ojalá y alguien repare en ello. Es urgentísimo.
EL RESTO.
COVID-19 EN EL CONGRESO.- La crisis de salud por el Coronavirus polarizó algunos momentos la sesión del Congreso del Estado, celebrada éste miércoles.
El hecho se debió a que los panistas y priistas se unieron para reprocharle al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la falta de seriedad con la que su administración está enfrentando la pandemia.
La coordinadora de los diputados de Morena, Edna Rivera López, subió a tribuna para reclamarle al PAN y PRI haber violado un acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para no alargar la sesión, precisamente por la emergencia de salud, y los acusó de politizar a la sociedad, “como siempre”.
Seguramente la próxima semana este asunto volverá a encender la tribuna legislativa y ocasionará un nuevo agarrón entre panistas y morenistas.
NO HAY PARA CUANDO.- Por cierto, las comparecencias de los Secretarios para la Glosa del Cuarto Informe del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, no tienen para cuando.
La contingencia provocada por el Covid-19 hará que la asistencia de los funcionarios al Congreso del Estado se aplace por tiempo indefinido. La situación lo amerita y lo justifica.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
