Hace alrededor 30 años, cuando iniciaba como reportero de la sección de seguridad pública de EL Diario de Ciudad Victoria, un día cualquiera entré, sin avisar, a las celdas de la entonces Policía Judicial del Estado en Ciudad Victoria.
Los periodistas que cubríamos la fuente éramos vistos como parte de la misma corporación. Lo policías nos trataban casi como compañeros.
El punto es que, ese día por la mañana ingresé a los separos para saber cuántos detenidos había y la razón de su detención.
Apenas crucé la puerta que conducía a las celdas escuché unos quejidos muy fuertes que salían de una pequeña oficina , que a simple vista era una especie de bodega o cuarto de archivo.
La curiosidad me llevó a seguir escuchando, y ante la repetición de los lamentos me atreví a abrir la puerta.
La sorpresa fue inevitable. Me quedé mudo por la escena: un hombre estaba desnudo, tirado boca abajo sobre un colchón. Tenía las manos esposadas hacia atrás y los ojos cubiertos con una venda médica. Lloraba de dolor. A su lado había tres agentes judiciales. Uno de ellos traía en sus manos un instrumento de lo que comúnmente se conocía como “chicharra”, que servía para dar descargas eléctricas.
Los otros dos policías tenían las manos vendadas, algo que se hacía para evitar que los golpes dejaran huellas en la víctima. Estaban torturando al detenido, a quien acusaban de encabezar una banda de ladrones domiciliarios.
Desde luego la reacción de los policías fue, primero de enojo, y después de preocupación por aquello de que lo sucedido fuera a trascender.
Y sí, la novatez como periodista me llevó a reaccionar tomando una fotografía y salir corriendo. Un día después la noticia salió publicada en página entera. Los policías fueron destituidos pero no procesados.
La consecuencia para los reporteros fue que, a partir de ahí ya no nos dejaron entrar solos a los separos. Siempre teníamos que ir acompañados de un agente.
Le cuento de ello porque a 30 años de distancia, a pesar de la evolución que hemos tenido como sociedad y que la defensa de los derechos humanos ocupa un lugar prioritario en el discurso gubernamental , las policías y las fuerzas armadas siguen usando la tortura como método de investigación del delito.
De muy poco o de nada han servido las recurrentes reformas legislativas para endurecer las penas contra quienes torturan, y tampoco han sido de mucha utilidad los avances tecnológicos que deberían estar dotando a las policías de mejores herramientas para la realización de sus tareas, porque se sigue recurriendo a esa añeja costumbre de arrancar confesiones a base de golpes y otras formas de tortura.
Recientemente, al responder a una solicitud de información pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado reveló que durante los últimos cinco años un total de 2,011 personas denunciaron haber sido víctimas de tortura. Entre ellas hay 147 personas.
El pasado 24 de marzo publicamos un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Formación de los Derechos Humanos (CMDFDH), en el que denuncia que entre 2006 y 2018 se iniciaron en todo el país 27 mil 346 investigaciones por tortura.
Sin embargo, precisó, solamente fueron emitidas 50 sentencias condenatorias. La conclusión es que la impunidad es un gran aliciente para que la tortura siga existiendo.
Insisto: resulta muy lamentable que con todo lo que se ha invertido para depurar y capacitar a las policías, y con todos los avances en la defensa de los derechos humanos, aun se sigan repitiendo en las celdas policiales historias como las de hace treinta años, en que los agentes de la ley arrancaban confesiones a base de tormentos terribles, que, como es de suponerse, muchas veces terminaban llevando a inocentes a la cárcel.
EL RESTO.
SIN DEFENSA.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Gilberto Estrella, dice que el aumento a las tarifas del agua en Ciudad Victoria está sustentado en la ley, y se hizo en base a recomendaciones del Banco de México, quien fija el incremento en función del índice nacional de precios al consumidor.
Por supuesto que así es Don Gilberto. Toda decisión gubernamental debe estar fundamentada en la ley. La legalidad de la medida no está en duda. En realidad lo que ha generado el enojo de los victorenses es la falta de sensibilidad de su alcalde, Xicoténcatl González Uresti, porque también la ley lo facultaba para aplazar o cancelar el incremento y no lo hizo.
En medio de una contingencia de salud por el Covid-19, y con decenas de colonias padeciendo desabasto de agua, resulta increíble que el edil haya sido incapaz de entender que lo más sensato era al menos aplazar el incremento a las tarifas.
No hay forma de defender tanta ignorancia y estupidez.
ASI ANDAN LAS COSAS.
