Francisco era agente de la Policía Estatal Preventiva. Hace cinco años fue dado de baja porque no aprobó los exámenes de control de confianza que aplica el “C-3” (Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza).
Durante los trece años que perteneció a la Secretaría de Seguridad Pública se cuidó de no incurrir en faltas que pusieran en riesgo su empleo. Gracias a ello, su hoja de servicio permaneció limpia. No tuvo ninguna amonestación o alguna sanción administrativa.
“Me gustaba el trabajo de Policía. Desde niño me dije que cuando creciera iba a ser policía y lo logré. Desde que entré a la Estatal me cuide de no equivocarme. Nunca faltaba a trabajar y siempre traté de no involucrarme en algo ilícito. Y eso que estuve mucho tiempo en la frontera donde las tentaciones son muchas” me cuenta.
Sin embargo, nada de eso le sirvió a Francisco, que hoy tiene casi 40 años de edad y se gana la vida como guardia de seguridad privada.
Uno de sus cinco hermanos, el de en medio, tomó el camino equivocado en la vida. Sin que nadie lo supiera se involucró en actividades delictivas hasta que lo asesinaron en un enfrentamiento en otra entidad del país.
De ello hubo consecuencias para él. Hace cinco años fue llamado a revalidar los exámenes de control de confianza. Acudió confiado al “C-3”. Ya había superado varias ocasiones la evaluación por lo que consideró que aquello era simple trámite.
No fue así. Los evaluadores fueron muy incisivos, incluso agresivos, cuando lo cuestionaron sobre la historia de su hermano.
“A fuerza querían que les dijera que yo protegí a mi hermano. Les explique una y otra vez que nadie en la familia sabíamos de lo que hacía hasta que nos informaron de su muerte. No me creyeron” cuenta.
El resultado fue que a los dos meses fue informado de que había reprobado los exámenes de control de confianza y eso significaba que estaba fuera de la corporación.
“Les pregunté que yo que culpa tenía de lo que había hecho mi hermano. Les exigí que vieran mi historial limpio, integro, pero de nada sirvió. Fueron implacables. No lo tomaron en cuenta. Me corrieron” narra.
Francisco admite su resentimiento contra el Gobierno. No porque lo hayan echado y dejado sin empleo, sino porque considera que fue injusto con él.
“Uno no es responsable de lo que hagan otros miembros de su familia. Uno es responsable de sus propios actos y no puede andar pagando culpas por otros. Eso no debe ser así” reclama con los ojos llorosos.
Historias como las de Francisco abundan. Suman decenas de servidores públicos, de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia (antes Procuraduría General de Justicia del Estado) que han perdido su empleo por hechos parecidos.
Todos se han hecho la misma pregunta: “Nosotros que culpa tenemos de lo que hagan otros”.
Y sí, es algo que los Gobiernos deben razonar. Como individuo, cada persona es responsable de sus actos y las consecuencias de los mismos, por lo que esa práctica del “C-3” de descalificar a quienes tienen un pariente que haya delinquido, es totalmente violatoria de derechos humanos.
Es en estos temas donde los legisladores federales y estatales deberían estarse aplicando a buscar una solución. En vez de andarse distrayendo con ocurrencias ya tendrían que estar trabajando en alguna iniciativa de ley que ponga freno a ese absurdo.
EL RESTO.
¿SIRVE DE ALGO? Por cierto, sería interesante preguntarnos: ¿ha servido de algo el proceso de evaluación y control de confianza a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y justicia?.
En lo personal, tengo mis dudas. Durante casi dos décadas de mi actividad profesional como periodista trabajé de cerca con ambas instancias, y la verdad no hay mucha diferencia entre el antes y el ahora.
Sobre todo en la frontera siguen prevaleciendo los mismos vicios de corrupción. Nada ha cambiado.
ASI ANDAN LAS COSAS.
