Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no admitir la controversia constitucional que interpuso el Gobierno de Tamaulipas.
Mientras tanto la Secretaría General de Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto pero de entrada, incómodo el posicionamiento de los Ministros ante la problemática que se vive en la entidad.
Por su parte, Diputados que integran las Comisiones de Justicia y de Asuntos Fronterizos, lamentaron la posición de la Suprema Corte porque en las ciudades fronterizas de Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, se vive un ‘conflicto’ social por la presencia de migrantes estacionados en estos lugares.
Lo grave, se añade, es que hay un flujo constante de Repatriados y Deportados cada 24 horas, solo por la frontera de Nuevo Laredo, que suman alrededor de 140 revela el Diputado Manuel Canales Bermea.
Preocupa, añade el Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que, de los 100 repatriados que envía Estados Unidos en promedio y los 40 extranjeros, todos tienen que pasar por los filtros de salud, pero después el municipio se está haciendo cargo de enviarlos a sus lugares de origen.
Mensualmente se está gastando un millón de pesos por parte del Ayuntamiento de Nuevo Laredo para enviar a los migrantes a sus otros lugares, cuando ese dinero se debería aplicar en obra pública, expone el Legislador.
Considera entonces que la iniciativa del Ejecutivo para solicitar la intervención de la federación por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba argumentada.
En los primeros días de abril, el Gobierno de Tamaulipas presentó una controversia constitucional, de carácter urgente, en la que se solicita se dicten medidas cautelares para la protección de la salud de las y los tamaulipecos y de los migrantes que se encuentran en el Estado, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19.
Expuso que la autoridad federal no ha ejercido su atribución de control sanitario con respecto a la población migrante, a pesar de que, a través de diversos acuerdos de naturaleza bilateral con los Estados Unidos, ha asumido responsabilidades directas en materia de refugio, atención, cuidado y repatriación de personas.
Durante una conferencia de prensa el 20 de abril, César Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno, reveló que el Estado tiene ubicados a 2,178 migrantes pero la Secretaría de Gobernación se ha negado a enviarlos de regreso a sus lugares de origen y tampoco les ha dado las condiciones para refugiarse en esta etapa de la pandemia. Matamoros por ejemplo, tiene 1,419 migrantes.
La Federación, señaló Verástegui Ostos, no han enviado un solo peso para apoyar las casas del migrante, como tampoco los traslados e incluso, se pagaron boletos de avión para evitar riesgos en materia de seguridad a los migrantes.
Dijo que aún, hay al menos 10 mil migrantes que no están identificados en toda la frontera.
Reclamó que el Gobierno Federal y en particular el Instituto Nacional de Migración, no está cumpliendo con el acuerdo asumido para enviar a sus países de origen a los migrantes que llegan y a quienes fueran deportados.
