Ciudad de México.- Más de 10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema este año debido a la afectación económica derivada de la pandemia de COVID-19, por lo que no podrán adquirir la canasta básica alimentaria.
Según un cálculo hecho por el Coneval, la población en pobreza extrema por ingresos en el país pasaría de 21 a 31.7 millones de personas entre 2018 y 2020, con lo que se regresaría a los niveles de hace dos décadas.
El organismo alertó que este escenario asume una caída generalizada del ingreso debido a la pérdida de empleo. Los hogares en condición de pobreza en zonas urbanas serían los más afectados.
De acuerdo con datos del Coneval, se trataría del mayor aumento de la pobreza extrema desde la crisis de 1995, pues entre 1994 y 1996 se sumaron a esta condición 15.6 millones de personas.
SE PERDERÁN 20 AÑOS EN COMBATE A POBREZA
El número de mexicanos que no podrá adquirir la canasta alimentaria con sus diferentes fuentes de ingresos crecerá en 10.7 millones este año respecto a 2018 debido a la afectación económica derivada de la pandemia del coronavirus, calculó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con cifras del organismo encargado de medir la pobreza en el país, se trataría del mayor aumento de la pobreza extrema desde la crisis de 1995, pues entre 1994 y 1996 se sumaron a esta condición 15.6 millones de personas.
En un documento de análisis, el Coneval alertó que este escenario asume una caída generalizada del ingreso debido a la pérdida de fuentes de trabajo de 5%, conforme a las distintas proyecciones económicas para el país, además de que la mayor afectación recaería en los hogares en condición de pobreza en zonas urbanas, que es donde se están presentando los principales impactos de la pandemia.
Con esto, la población en pobreza extrema pasaría de 21 a 31.7 millones de personas entre 2018 y 2020.
Este último nivel sería el mayor desde 1998, cuando en el país hubo igual número de personas en condición de pobreza alimentaria, que era el equivalente de las personas con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria.
Como porcentaje de la población, significará pasar de 16.8 a 25.3%, la proporción más alta también desde 1998.
El organismo que dirige José Nabor Cruz señaló que la pobreza total por ingresos pasaría de 48.8% de la población en 2018 a 56.7% en 2020, lo que en personas se traducirá en subir de 61.1 a 70.9 millones de personas, una cifra nunca antes vista.
El Coneval también estimó que la pérdida de empleos llevará a que la tasa de desocupación abierta en el país pase de 3.3 a 5.3% entre el primer y segundo trimestre de este año.
Esto traería como consecuencia que la pobreza laboral, otro indicador que mide el Coneval y que sólo tiene en cuenta los ingresos salariales, pasaría de 37.3 a 45.8% de la población en el mismo lapso, la proporción más grande desde que el organismo la mide, que es 2005.
APOYOS INSUFICIENTES
El Coneval expresó que los apoyos señalados por el gobierno hasta ahora “podrían ser insuficientes para llegar a toda la población que se verá afectada por el confinamiento”, situación que se ve reflejada, por ejemplo, en que hasta ahora ninguna acción está dirigida a la población que perdió su empleo a raíz de la emergencia sanitaria.
También estimó que si el gobierno ampliara la cobertura de los programas sociales que considera prioritarios, atendiendo a la población que tiene requisitos de elegibilidad, pero, que no fueron cubiertos por el programa en 2019, podría llegar a 8.8 millones de beneficiarios adicionales y requeriría de un presupuesto adicional de 294 mil millones de pesos, es decir 1.21% del Producto Interno Bruto (PIB).
Hacia adelante, el Coneval establece que es de extrema urgencia contar con un padrón único de beneficiarios que permita diseñar estrategias articuladas entre los tres niveles de gobierno, ya que permitiría un mejor ejercicio de los recursos públicos y facilitaría la atención de estos grupos en situaciones de emergencia como la actual.
Asimismo, consideró necesario pensar en una reforma fiscal que financie las medidas o políticas institucionalizadas de largo plazo que garanticen seguridad ante riesgos, tales como un seguro de desempleo contributivo que no afecte las pensiones de retiro, una renta básica ciudadana o un piso mínimo solidario que podría no aceptado por individuos con mayores ingresos y transferido a grupos vulnerables.
