Hace muchos años, antes de que una iniciativa de decreto fuera dictaminada y aprobada por el Pleno Legislativo, tenía que someterse al filtro de los expertos en el tema a tratar. Era un protocolo obligado.
No era un mandato de la ley del Congreso del Estado, pero los diputados lo hacían porque asumían y aceptaban que no eran expertos en el objeto de la acción legislativa.
De esa manera, se evitaba que se cometieran “osos” o absurdos legislativos que terminaran causando una afectación social en vez del beneficio que se buscaba.
La consulta con los expertos era necesaria, sobre todo en temas relacionados con el sistema de justicia. Por ejemplo, era imposible pensar en una reforma al Código Penal si previamente no llevaba el aval del Poder Judicial, y en particular de Jueces y Magistrados, por ser quienes aplican la ley.
De esa manera, cuando la iniciativa llegaba al Pleno para su votación ya iba debidamente explicada y debatida, pero sobre todo ya no había duda de que era una reforma necesaria que aportaría beneficios a la sociedad.
No se sabe cuándo ni porqué razones se dejó de lado esa práctica protocolaria.
El punto es que en algún momento se dejó de hacer, y con ello se generaron prácticas viciadas que han contaminado y desprestigiado el proceso legislativo.
En ello está la explicación del porque las últimas legislaturas han caído en esa necia costumbre, de intentar sentar precedente por la cantidad de iniciativas que llevan ante el Pleno y no por la calidad de las mismas.
Derivado de esa creencia errónea, de que es mejor cantidad que calidad, se están llevando a tribuna iniciativas inviables o imposibles de materializar.
Lo más grave es que muchas de esas propuestas son simples ocurrencias, o absurdos, que no tienen la mínima posibilidad de fructificar en algo bueno para la ciudadanía.
Otra consecuencia de haber eliminado ese “filtro experto”, es que se ha caído en el abuso de los llamados exhortos legislativos. Todo lo quieren resolver con exhortos.
Le cuento de todo ello porque ayer, durante una reunión de las Comisiones de Estudios Legislativos y Justicia, en que se dictaminó una iniciativa de reforma al Código Penal de Tamaulipas, para castigar hasta con 5 años de prisión a quien contagie con dolo una enfermedad grave de atención prioritaria, como el Covid-19, la diputada panista, Pilar Gómez Leal, pidió que antes de votar la acción legislativa se consultara a los representantes del Poder Judicial, porque en su opinión era necesario especificar cuál es una “enfermedad grave de atención prioritaria”, y cuando hay dolo en el contagio.
“Ellos (los Jueces y Magistrados) son los expertos y debemos preguntarles” sugirió la panista, al considerar que la redacción de las adiciones al código punitivo debían ir suficientemente claras, porque de lo contrario los Jueces no podrían aplicar la nueva disposición.
Aunque les recordó que estaban reformando el Código Penal, que no es cualquier cosa, no encontró eco en su propuesta. El resto de los diputados se negaron a llamar a los expertos.
“No lo considero necesario. Nosotros lo único que debemos hacer es darles los elementos para que apliquen la sanción”, argumentó la coordinadora de Morena, Edna Rivera López, maestra de profesión, al tiempo de pretextar que ellos pueden reformar el Código Penal cuantas veces sea necesario.
Hasta el presidente de la Comisión de Justicia, Félix Fernando García Aguiar, perito en Derecho, desestimó la propuesta de su compañera de bancada.
La realidad de las cosas es que la diputada Pilar Gómez tiene toda la razón: era necesario consultar a los expertos.
El filtro de los expertos debe ser una etapa obligada en el proceso legislativo porque los Diputados no son sabelotodo. La mayoría ni siquiera son licenciados en Derecho.
Si se trata de una reforma al sistema de justicia pues hay que preguntarle a los operadores del mismo. Si lo que se debate se relaciona con el medio ambiente, consulten a los ambientalistas; si se trata de un tema de seguridad pública, pregúntenle a quienes saben de eso.
Se trata de simple sentido común. El día que lo hagan estarán un paso grande en la eficiencia de la legislatura y de cada uno de los diputados.
ASI ANDAN LAS COSAS.
