Chihuahua.- Tribunales de Control encontraron evidencias suficientes para dictar autos de vinculación a proceso en contra del exauditor superior del estado, Jesús Manuel E. F., por delitos de peculado, en dos nuevos casos en los que es acusado del desvío de siete millones de pesos en perjuicio del erario público estatal.
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De acuerdo con un comunicado, dentro de la causa penal 1024/2020, las investigaciones del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado establecieron que, durante el año 2014, el imputado intervino en la simulación de tres contrataciones públicas de servicios profesionales para apropiarse de recursos estatales, siendo tales:
Asesoría y consultoría necesaria para realizar unCapitular tablero de control de indicadores, con la empresa comercializadora WADE, S.A. de C.V”, por la cantidad de un millón 809 mil 600 pesos.
“Prestación de servicios profesionales de diseño y elaboración de imágenes, logos y videos institucionales con la citada comercializadora WADE, S.A. de C.V” por la cantidad de un millón 682 mil pesos.
Asesoría y consultoría necesaria para documentar las políticas y procedimientos basados en las mejores prácticas que existen en la actualidad y que sean alineados al entorno de la Auditoria Superior del Estado y la normatividad vigente con la empresa Cpnsultorís S.A. DE C.V,” por la cantidad de un millón 392 mil 928 pesos.
En la causa penal 988/2020, se establece que, durante el año 2014, el imputado intervino en la simulación de la contratación pública de servicios profesionales con la empresa Servicios Empresariales Avantgarde S.C, por la cantidad de dos millones 146 mil pesos.
De esta manera, el imputado Jesús Manuel E. F., acumula nueve procesos penales en su contra por delitos de corrupción, mismos que lleva bajo la medida cautelar de prisión preventiva interno en el Cereso de Aquiles Serdán.
Estos delitos fueron cometidos a través de la simulación de recursos públicos para beneficio personal mediante contrataciones simuladas con empresas del centro del país cuando fue titular de la Auditoría Superior del Estado, dependencia que es la encargada de vigilar el correcto uso del dinero público.
Los desvíos que se le atribuyen al imputado acumulan más de 30 millones de pesos y según las investigaciones ministeriales presentadas ante los Tribunales, las empresas involucradas han sido investigadas y declaradas por la Secretaria de Hacienda Federal como, Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas conocidas como “fantasmas”.
Entre ellas se encuentran, Hinfra S. A. de C. V., Comercializadora Wade, S. A. de C. V., Consultoría Naliso S. A. de C. V. y Servicios Empresariales Avantgarde, S. C., originarias del centro del país.
