Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la detención de la abogada Susana Prieto se puede detener un movimiento que llegó para desestabilizar, desde el ámbito laboral, a Tamaulipas, al estar detrás de esta acción la 4T, aseguró el economista Jorge Lera.
Señaló que la estrategia de Prieto Terrazas, forma parte de una ‘avanzada’ de uno de los bloques de Morena y cuenta con el respaldo del Senador Ricardo Monreal y de la Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde, quien es hija de Bertha Luján Uranga Presidenta del Consejo Nacional de Morena.
“La Abogada Susana Prieto, de origen Ciudad Juárez & El Paso, viene desde hace dos años operando movimientos sindicales oficiosos que han desestabilizado la economía de la frontera de Matamoros”.
El economista, asegura que este mismo año, de pandemia sanitaria y económica, se preparaba repetir un escenario similar al que se vivió en el mes de enero del 2019.
“Su movimiento lleva implícito afectar el desarrollo de las cadenas de valor industrial. Se sospecha que el movimiento de Prieto Terrazas, está asociado con el padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que en el fondo pretenden desestabilizar la economía regional de estados opositores al gobierno populista de la 4T”.
Jorge Lera, hizo una advertencia para cuidar los procedimientos judiciales que emprenda la Fiscalía y el mismo Poder Judicial para evitar una salida judicial al proceso de la abogada del movimiento 20/32.
Añadió que desde el lunes por la tarde y el martes muy temprano, los trabajadores de maquiladoras y simpatizantes de la abogada Prieto, bloquearon la vía que comunica a la zona industrial.
“Cuenta con una base de trabajadores y seudo líderes sindicales de las industrias maquiladoras, que intentarán complicar el buen desempeño de las empresas en plena crisis sanitaria y económica”.
Agrega: “Deben fundamentar el pasado de la abogada que cuenta varias demandas en Chihuahua y en Texas por desestabilizar el orden económico, sabiendo que cobra comisiones y regalías por el movimiento por ella encabezado, conocido como ’20/32”.
El movimiento iniciado por el pago de un aumento salarial del 20% y de un bono anual de 32 mil tiene causales locales, como el tipo sindical de la región, la existencia de contratos colectivos reales, el tipo de maquiladoras de la región, las características de las relaciones laborales; condicionantes políticas favorables a la movilización laboral, como la elección de un gobierno de izquierda y la actuación de activistas laborales, en una región caracterizada por los actores institucionalizados como el sindicato y las organizaciones empresariales.
Cabe señalar que el proceso judicial lo va a seguir en la capital del Estado, al ser recluida en el penal de esta capital.
