Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A unos días de vencer el plazo para hacer reformas en materia electoral, los Diputados del PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, aprobaron por unanimidad, armonizar la Ley de violencia política contra las mujeres en razón de género.
PAN, Morena, PRI y MC aprueban la armonización de esta ley para ser aplicada en el siguiente proceso electoral.
La armonización de esta Ley, representa bajar los ordenamientos y protección para las mujeres, como fue aprobado a nivel federal el 12 de marzo por el Congreso de la Unión y publicado en decreto el 13 de abril.
El acuerdo especifica que la violencia política contra las mujeres puede expresarse al restringir o anular su derecho al voto libre y secreto, obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones, impedir su registro como candidatas, realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género, entre otras prácticas.
De esta forma, la violencia de género en Tamaulipas, también se perseguirá de manera política, administrativa y penal.
En las reformas que en la sesión ordinaria del Congreso se aprobaron, se incorpora como obligación para quienes aspiren y encabecen las candidaturas independientes el conducirse con respeto irrestricto a lo que disponen la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres además de la legislación ya prevista; así como abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género.
Los que tendrán impedimento para postularse a candidaturas a la Gubernatura, diputaciones y Ayuntamientos el haber recibido condena por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
También deberá integrarse de forma paritaria los órganos responsables de la conducción y vigilancia de los procesos internos para la selección de candidaturas de los partidos políticos.
Sobre las sanciones para quienes incumplan con la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, la reducción de hasta el 50% de las prerrogativas del financiamiento público y en los casos graves y reiteradas conductas, la cancelación del registro como partido político.
