Ciudad de México. El juez federal Uriel Villegas Ortiz fue ejecutado junto con su esposa, Verónica Barajas, en su domicilio de la colonia Real Vista Hermosa, en la ciudad de Colima, convirtiéndose en el primer juzgador asesinado en el sexenio.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dio la noticia durante la sesión a distancia del pleno y demandó a las autoridades esclarecer el caso y dar mayor protección a los juzgadores.
La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del “artero asesinato” y envió a Colima un equipo de especialistas de la Coordinación de Servicios Periciales para iniciar los peritajes y determinar cómo ocurrió el delito. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, instruyó al Centro Nacional de Inteligencia y a la Guardia Nacional proporcionar todo el apoyo posible en la indagatoria.
La secretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, condenó el doble homicidio. “Me uno al llamado para esclarecer este lamentable hecho”, escribió en Twitter.
Más tarde, la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitieron un comunicado en el que advirtieron que los actos intimidatorios contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación no los detendrán con su misión de impartir justicia; señalaron que revisarán los protocolos de seguridad para garantizar la protección de los juzgadores federales y de sus familias.
“… queremos mandar un mensaje claro y categórico: la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado para defender los derechos de todas las personas”, expresaron.
Algunas versiones aseguran que un grupo armado ingresó al domicilio y que en el inmueble se encontraban su esposa e hijos y la trabajadora doméstica, estos últimos que se salvaron.
Uriel Villegas Ortiz era originario de Chihuahua y asumió el cargo de juez de Distrito en 2017. Ocupó los cargos de titular de los juzgados Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales y después del juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, ambos en Jalisco.
Como juez sexto pidió el traslado de Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, de una cárcel de máxima seguridad en Oaxaca a una de Jalisco, y atendió otros casos vinculados al narcotraficante.
En febrero de este año fue adscrito como juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima. Tuvo en sus manos el caso del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, así como de los implicados en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y de integrantes del CJNG. También revisó carpetas de miembros de los Arellano Félix, de Los Valencia y de implicados en ataques con explosivos que ocurrieron de manera simultánea en el Estado de México y en Michoacán en 2014.
