Un hombre de raza negra dice que fue arrestado injustamente porque la tecnología de reconocimiento facial lo identificó erróneamente como un presunto ladrón de tiendas, está pidiendo una disculpa pública de la policía de Detroit y que el departamento deje de usar esa tecnología.
La queja presentada por Robert Williams es una impugnación poco frecuente de alguien que no solo experimentó las consecuencias de un reconocimiento facial erróneo, sino que fue capaz de descubrir que esa tecnología fue responsable de sus problemas legales posteriores.
Una querella presentada el miércoles a nombre de Williams alega que su foto de licencia de conducir de Michigan, guardada en un archivo de imágenes en todo el estado, fue identificada incorrectamente como una coincidencia probable con un sospechoso de robo en una tienda. Los investigadores escanearon imágenes granuladas de una cámara de vigilancia de un supuesto robo en 2018 dentro de una tienda de relojes en el centro de Detroit, según los registros policiales.
Eso llevó a lo que Williams describió como un arresto humillante en enero frente a su esposa e hijas jóvenes en su jardín delantero en el suburbio de Farmington Hills en Detroit.
“Realmente ni siquiera puedo expresarlo con palabras”, dijo Williams en un video que describe el arresto diurno que dejó a sus hijas llorando. “Fue una de las cosas más impactantes que me ha pasado”.
El trabajador automotriz de 42 años, respaldado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), está exigiendo una disculpa pública, la anulación de su caso y que la policía de Detroit deje de usar la tecnología de reconocimiento facial. Varios estudios han demostrado que los sistemas actuales de reconocimiento facial tienen más probabilidades de errar al identificar personas de piel más oscura.
La queja dijo que la policía de Detroit “confió irreflexivamente en una tecnología de reconocimiento facial defectuosa y racista, sin tomar medidas razonables para verificar la información que estaba proporcionando”. La ACLU dijo que la investigación resultante fue “de mala calidad e incompleta” y los agentes involucrados “groseros y amenazantes”. Aseguró también que el departamento demoró en responder a las solicitudes de información pública de los documentos respectivos.
