Washington.- La Corte Suprema facilitó el lunes que el presidente despida al jefe de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB).
Los jueces anularon las restricciones que el Congreso había impuesto sobre cuándo el presidente puede remover al director de la agencia.
“La agencia puede… continuar operando, pero su director, considerando nuestra decisión, debe ser removible a voluntad del presidente”, escribió el juez titular John Roberts.
Los cinco jueces conservadores de la corte acordaron que las restricciones del Congreso impuestas sobre cuándo el presidente puede despedir al director de la agencia violaban la Constitución. Pero no estuvieron de acuerdo en qué hacer como resultado. Roberts y los otros jueces conservadores, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, dijeron que las restricciones podrían eliminarse de la ley. Los cuatro liberales de la corte estuvieron de acuerdo, pero no en cuanto a que fueran inadecuadas las restricciones.
La decisión no tiene un gran impacto en la actual directora de la agencia. Kathy Kraninger, quien fue nominada para su puesto actual por el presidente en 2018 ya ha dicho que creía que el presidente podía despedirla en cualquier momento.
Bajo la ley Dodd-Frank que creó a la agencia en respuesta a la crisis financiera de 2008, el director de la CFPB es designado por el presidente y confirmado por el Senado para un periodo de cinco años. La ley estipula que el presidente sólo podrá despedir a un director por “ineficiencia, labor negligente o actividad ilícita en funciones”. Esa estructura podría dejar al nuevo presidente con un director escogido por el mandatario previo para parte o todo el periodo presidencial. El gobierno del presidente Donald Trump había alegado que las restricciones limitan de forma inapropiada el poder del presidente.
“Sostenemos que el liderazgo de la CFPB por un único individuo removible sólo por ineficiencia o actividad ilícita viola la separación de los poderes”, escribió Roberts.
Los defensores de la cláusula de remoción de la ley han argumentado que las restricciones protegen al director de la agencia de la presión presidencial.
