Ciudad de México.- Carlos Romero encabeza a un grupo de hombres que vienen a cumplir una tarea que dejaron inconclusa: acabar con la corrupción y hacer de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) una verdadera herramienta de recaudación.
Desde la transición, cumplió la encomienda del Presidente en el sentido de encontrar cuáles eran las principales fórmulas de evasión fiscal y desde aquel momento se encontró que eran las factureras.
Desde aquel momento se presentó una iniciativa para equiparar a las factureras como delincuencia organizada y a quienes las compraban como delitos en contra de la seguridad del Estado”, explica el titular de la PFF, y añade que el actual gobierno le da tal prioridad que el propio Presidente de la República es quien encabeza el grupo de trabajo en contra de este ilícito.
PROMESA CUMPLIDA
Ha cumplido su promesa de cambiar radicalmente las cosas. Ha puesto la estocada final a una práctica que generaba una evasión fiscal que, de acuerdo con el SAT, asciende a 500 mil millones de pesos al año desde 2005 a través de grupos de delincuencia organizada conocidos como factureros.
Al titular de la PFF le cuesta trabajo entender cómo era posible que hubiera desvíos de recursos de dos mil o tres mil millones de pesos sin que los funcionarios de Hacienda se dieran cuenta de que un solo domicilio con 300 empresas registradas en un solo domicilio fiscal con socios, ya fueran testaferros o personas de muy bajos ingresos.
Se pregunta: “¿Dónde están las visitas de comprobación fiscal? ¿Dónde están las cancelaciones por insolvencia cuando pasaban miles de millones por esas empresas?
Va más allá y denuncia que durante la administración pasada prácticamente no se presentó ningún caso de simulación fiscal, por lo que sólo puede existir “complicidad por parte de las autoridades”. Fueron pocos asuntos y por montos muy bajos.
Para el procurador y su equipo no hay duda de que el Presidente no va a parar en este esfuerzo de combate a la corrupción y que los implicados no tendrán ninguna oportunidad para negociar el cumplimiento cabal de la ley.
INVESTIGACIONES
Hace unos días se informó de las denuncias en contra de 43 grupos y la presentación de siete querellas en contra de estas organizaciones que, explica Romero, “son la primera parte de una serie de acciones que buscan terminar con la práctica indebida”.
Lejos de buscar notoriedad pública y sí eficiencia en cuanto a condenas, el titular de la PFF ha sido especialmente reservado en cuanto a los implicados porque está convencido que se tienen que presentar casos perfectamente apegados conforme a derecho.
Sin embargo, apunta: “la reforma de empresas fantasma entró en vigor en 2020 y ya comenzamos a trabajar en los casos superiores a 7.8 millones de pesos por lo que pronto podrán a comenzarse a ver casos de prisión oficiosa”.
Si bien es cierto que se había hablado de abril o mayo, la realidad es que la pandemia hará que los primeros detenidos por este delito se den en septiembre y octubre.
El esquema incluye a la consejería jurídica de la Presidencia, SAT, UIF, IMSS, PFF y a la FGR.
