Adis Abeba.- Al menos 239 personas murieron y 3.500 fueron detenidas en más de una semana de violencia en Etiopía, aumentando el desafío para su primer ministro, ganador de un Nobel de la Paz.
Las cifras incluían 215 civiles, nueve policías y cinco milicianos fallecidos en la región de Oromia, según dijo el miércoles el comisario regional de policía, Mustafa Kedir, a la televisora Walta TV, asociada al partido gobernante.
Diez personas -ocho de ellas civiles- murieron en la capital, Adis Abeba, según indicaron antes las autoridades, en medio de los disturbios desencadenados tras la muerte a tiros de un popular cantante el lunes de la semana pasada.
Hachalu Hundessa fue una voz destacada de las protestas contra el gobierno que llevaron a que el primer ministro, Abiy Ahmed, asumiera el poder en 2018. Abiy introdujo con rapidez reformas políticas que también abrieron camino a antiguas disputas étnicas y de otra índole en el segundo país más poblado de África.
Las autoridades desplegaron al Ejército durante los disturbios que siguieron a la muerte de Hachalu.
En declaraciones la semana pasada vestido con uniforme militar, Abiy dijo que los disidentes a los que había hecho una reciente oferta de paz se habían “alzado en armas” en una revuelta contra el gobierno. Insinuó que podría haber lazos entre la violencia y el asesinato de un mando militar el año pasado, así como con el lanzamiento de una granada en un mitin del mandatario en 2018.
Entre los 3.500 detenidos están el conocido activista oromo Jawar Mohammed y 30 de sus partidarios. No estaba claro qué cargos podían afrontar. Los oromo son el grupo étnico más grande de Etiopía, pero nunca habían ejercido el gobierno del país hasta que ayudaron a llevar a Abiy al poder.
Medios locales informaron de ataques de miembros de la comunidad oromo contra personas de la etnia amhara, y en la localidad de Shashamane, algunas personas iban casa por casa comprobando documentos de identificación y atacando a vecinos amhara.
Los negocios empezaron a reabrir poco a poco en Oromia tras los episodios de violencia, en los que se incendiaron o dañaron cientos de viviendas del país.
Pero la conexión a internet seguía cortada, lo que complicaba que observadores de derechos y otros siguieran la cuenta de las muertes.
