Ciudad de México.- La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) se opone a que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi seis años en Iguala, Guerrero, sea utilizado como “un instrumento al servicio del Estado”.
La FECSM, organización de la que forma parte la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y que existe desde 1935 en condiciones de semiclandestinidad, hizo circular un pronunciamiento sobre el caso Ayotzinapa.
El comunicado sostiene que los recientes hechos difundidos públicamente sobre el caso Ayotzinapa son una “cortina de humo”.
“Noticias estelares, comunicados de casos emblemáticos son muy convenientes para el gobierno en tiempos de crisis política y económica. Recientemente, como era de esperarse ante las críticas hacia el gobierno actual por el mal manejo de la pandemia, la crisis económica que se agudiza, el tren maya, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al líder del imperialismo yanqui, se está tirando del hilo del caso Ayotzinapa, a lo cual nos oponemos por ser solamente un instrumento mediático al servicio del Estado”.
La FECSM –organización en la que participaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas–, considerada como el ala más radical de las posiciones que guardan las 16 escuelas normales del país, señala en su comunicado las suspicacias de que no se conociera información sobre las investigaciones del caso antes del inicio de la crisis sanitaria.
“Es contradictorio que antes de que se iniciaran acciones oficiales contra la pandemia no existiera un avance en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, y ahora, convenientemente, anuncian con bombo y platillo la aprehensión de un implicado clave en el caso Ayotzinapa (José Ángel Casarrubias, El Mochomo)”.
El comité ejecutivo estudiantil Ricardo Flores Magón y la base estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron justicia para los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Fustigaron los anuncios sobre la petición de 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos, dos de ellas ya cumplidas el miércoles pasado en Mérida y la Ciudad de México, ya que se trata de agentes activos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“Es triste para las familias enterarse de todo esto indirectamente por las noticias en redes sociales, repitiendo las viejas prácticas del sexenio anterior, aunado a esto, figuras públicas como el sacerdote Alejandro Solalinde utiliza esta coyuntura para acaparar reflectores”.
