La dirección de Tránsito Municipal de Ciudad Victoria, está aplicando multas de 868 pesos a los automovilistas que no respetan la prohibición de circulación en el horario comprendido de las diez de la noche a las cinco de la mañana.
Los oficiales de vialidad utilizan como fundamento legal para la imposición de la sanción, el decreto gubernamental que contiene una serie de medidas preventivas y sanitarias tendientes a contener el avance del covid-19.
Entre dichas medidas figura esa limitación nocturna al tránsito vehicular. El propósito de la autoridad es evitar la movilidad social.
¿Es legal la acción de la autoridad municipal de Ciudad Victoria?, le pregunté ayer a un experto en Derecho Constitucional, y su respuesta fue contundente: “No. Toda multa debe estar prevista en una ley y no en un decreto”.
Y añadió: “además, para que un decreto contenga sanciones debe pasar primer por el Congreso del Estado, para que el Pleno Legislativo le dé su aval”.
De acuerdo al director de la corporación, Efraín García Chávez, hasta ayer sumaban 27 los conductores sancionados.
Evidentemente, la autoridad municipal de Victoria incurre en exceso y abuso, violentando los derechos ciudadanos al aplicar una sanción que carece del mínimo sustento legal.
Frente a ese abuso de la dirección de Tránsito, el automovilista infraccionado debe saber que puede recurrir al juicio de amparo para combatir y anular la multa recibida. Las posibilidades de ganar el juicio y anular la sanción, son diez de diez.
Al no haber norma violentada no hay fundamento legal para que los agentes de Tránsito Local estén sancionando a los conductores, que justificada o injustificadamente se vean en la necesidad de circular en el horario que el decreto establece como prohibido.
Los afectados tienen también la opción de acudir ante la Comisión estatal de Derechos Humanos, para denunciar directamente a los agentes que los infraccionaron.
Sin embargo, en lo personal dudo mucho que el organismo estatal tenga la disposición y decisión necesarias para pronunciarse en contra de una disposición que nace de un decreto gubernamental. No es ningún secreto que la Comisión es en los hechos una dependencia más del Gobierno. Jamás levantaría la voz para cuestionar una disposición de esa naturaleza.
La conclusión es que la decisión de la dirección de Tránsito de Ciudad Victoria, de multar a los automovilistas que circulen durante las noches, es una muestra más de la ignorancia del Derecho por parte de quienes están al frente de la corporación.
Desde luego, deja bastante comprometido también al mismo alcalde Xicoténcatl González Uresti, porque la orden de comenzar a sancionar tuvo que haber pasado por su escritorio.
Aquí hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestro convencimiento de que los esfuerzos institucionales para frenar el covid-19 son válidos. Es entendible y justificado que se ordenen restricciones a ciertos derechos para proteger la salud de la población.
Lo que no se vale es que para conseguir ese fin se tengan que violentar, abiertamente, disposiciones Constitucionales y legales.
En temas como estos es donde deberían estar alzando la voz aquellas organizaciones de la sociedad civil, o los colegios, asociaciones y barras de abogados, que se precian de ser celosos defensores de los derechos ciudadanos. No los he escuchado. Quiero escucharlos.
ASI ANDAN LAS COSAS.
