Ciudad de México.- La reforma secundaria en materia de prisión preventiva oficiosa dividió al pleno del Senado, pues mientras 32 legisladores prefirieron no respaldarla, 53 de Morena y sus aliados políticos la apoyaron, a pesar de las advertencias de poner en riesgo a personas inocentes, porque una simple acusación de robo infundada o del uso de juguetes en forma de armas, puede llevar al encarcelamiento de inocentes.
La madrugada del jueves, el pleno del Senado aprobó el traslado de la reforma constitucional en materia de ampliación del catálogo de delitos que ameritan presión preventiva oficiosa a las leyes correspondientes, aunque la oposición, integrada por PAN, PRI, MC, PRD y el senador sin grupo parlamentario, Emilio Álvarez Icaza, presentó una moción suspensiva.
Esto, debido a que tales ordenamientos incorporan la discusión de la prisión preventiva oficiosa y que no corresponde a lo establecido en el marco constitucional, debido a que trasciende procesos, viola los derechos humanos, en particular la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho personal a la libertad.
Es contradictorio a lo establecido en los tratados internacionales de los que México forma parte y, sobre todo, no hubo un proceso de discusión abierto de expertos y especialistas, así como víctimas, detenciones y sus derechos, como lo requieren los estándares del Protocolo del Parlamento Abierto aprobado por este Senado”, dijo Emilio Álvarez Icaza.
Xóchitl Gálvez, del PAN, expresó que “simplemente la puerta giratoria va a dejar de existir y en esa puerta giratoria la gente va a entrar, va a estar un rato, pero va a acabar saliendo, porque no estamos modificando el fondo”.
Añadió que el fondo “es hacer verdaderas investigaciones que a cualquier delincuente lo lleven a enfrentar la justicia. Con el actual sistema de justicia acusatorio se podría lograr, siempre y cuando las fiscalías hicieran su trabajo y le demostraran al juez que ese delincuente requiere de prisión preventiva”.
La priista Claudia Anaya resaltó que la prisión preventiva oficiosa afecta primero a los pobres y después a los jóvenes.
En los datos recabados por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, publicada por el INEGI, nos dice que el 72% de la población carcelaria tiene como máximo nivel de estudios la educación básica; el 32% es población entre 19 y 29 años de edad y el 35% de ellos, entre 30 y 39 años de edad. Es decir, población joven”, indicó.
