Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó un acuerdo de bloqueo contra el líder de un sindicato del ramo de la industria de la construcción, Hugo “N’, que tiene operaciones en varios estados de la República Mexicana, así como de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas financieramente con dicha persona, a quien se le atribuye la comisión de un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos.
Aunque la UIF no identifica al presunto responsable, se trata de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México que apartentemente cuenta con más de 2 millones de agremiados, más de 50 sindicatos nacionales y decenas de estatales, señalado reiteradamente en la comisión de diversos ilícitos.
El líder sindical utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales. Derivado del trabajo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera, se logró identificar que dicha persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado.
Posteriormente, mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y dos de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.
De igual forma, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, logró identificar que durante la operación de este grupo criminal se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos, así como retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo.
A través de un comunicado, la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita que permitan fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.
