Ciudad de México.- En los gobiernos anteriores hubo un pacto con los grandes contribuyentes para que no se ejerciera acción penal en su contra por eludir responsabilidades y evasión tributaria, por lo que la administración pasada sólo abrió casos judiciales contra algunos muy pequeños, nada significativos, sostuvo el titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda.
En reunión virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a pregunta de los legisladores, el procurador informó que, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se hacen estudios para que, sin aumentar impuestos, se calcule la tasa efectiva que deben pagar los grandes contribuyentes con el fin de incrementar los márgenes de recaudación.
Hay una trasnacional que paga 0.9 por ciento de su utilidad y debería pagar cuando menos 2.5. Esto es, paga 90 centavos de cada 100 pesos, sin que precisara el nombre de la empresa.
Romero Aranda informó que entre septiembre y octubre podrán girarse órdenes de aprehensión por siete denuncias contra los cabecillas de compañías dedicadas a la emisión de facturas falsas, y señaló que esta práctica para evitar el pago de impuestos causó un quebranto por 500 mil millones de pesos entre 2014 y 2018. Comprar y vender facturas falsas se convirtió en un deporte nacional.
Anunció que el miércoles, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se firmará un convenio macro para realizar investigaciones conjuntas contra la evasión fiscal, en especial en contra de la emisión de facturas falsas, con el compromiso de que lo recuperado será entregado a cada entidad.
Agregó que, en contraste con el sexenio pasado, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza las mesas de defraudación fiscal, por lo que el tema se lleva al más alto nivel y esto ha permitido elevar la recaudación.
Desde la reforma para que no sólo se aprieten las tuercas a empresas, sino que se haga responsables a asesores, abogados o contadores, a partir de la primera denuncia penal se logró la recuperación de 30 mil millones de pesos.
Al respecto, indicó que cuando la Procuraduría Fiscal presentó las primeras querellas hubo contribuyentes que por iniciativa propia se acercaron y prefirieron regularizar su situación fiscal. Uno pagó 9 mil millones y otro hizo un anticipo por casi 9 mil millones; por otra disputa, de mil 300 millones, el acuerdo reparatorio, que incluyó no sólo lo defraudado, sino los adeudos previos, desembolsó otros 9 mil millones.
Durante el encuentro, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) afirmó que en el pasado se toleró un comportamiento específico de las grandes empresas para no pagar impuestos, y se refirió al denominado perdón fiscal a Televisa en 2013 por 3 mil 334 millones de pesos.
Expuso que incluso grandes contribuyentes presumen en sus informes a la Bolsa Mexicana de Valores pagos con una tasa que realmente es inferior a la aprobada para el impuesto sobre la renta. En respuesta, el procurador fiscal anunció que se comparará el pago de los impuestos de las personas morales contra lo que realmente dan con la finalidad de encontrar áreas de mejora legislativa.
