ciudad de México.- Por cuarta ocasión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución con el fin de acotar el fuero presidencial y prever que el jefe del Ejecutivo federal sea considerado, para efectos de responsabilidad penal, como cualquier ciudadano que no tiene inmunidad ni protección alguna y que, ante una sentencia firme, pueda ser sujeto a juicio político por el Senado.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales atendió la iniciativa original del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018, acerca de que durante el tiempo de su encargo el Presidente podrá ser imputado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Con este cambio, agrega, se pretende dar un paso hacia la eliminación del fuero de los altos servidores públicos, concretamente la figura del Presiente, de modo que constituya un mecanismo que desestime la impunidad, pero sin que favorezca la persecución política del funcionario ni impacte en la estabilidad de la función que desempeña.
Al explicar el alcance de la reforma –aprobada con 420 votos en favor y 15 abstenciones del PAN, y enviada como minuta al Senado–, Pablo Gómez (Morena) expresó: Nunca más un Presidente debe tener un elemento de impunidad.
Hasta ahora, sostuvo en tribuna, México se ha regido bajo un sistema de inmunidad presidencial que viene de lejos, de los reyes, de los autócratas, y los presidentes han tenido impunidad.
Presentó como ejemplos los escándalos de financiamiento ilegal a las campañas de Francisco Labastida Ochoa y de Vicente Fox Quesada en las elecciones presidenciales de 2000.
Cuestionó si en la transferencia de mil millones de pesos a la campaña de Labastida, caso conocido como Pemexgate –del que informó este diario en 2002–, el ex presidente Ernesto Zedillo ¿no sabía nada?
Sostuvo que los priístas en la Cámara pueden afirmar que, en efecto, Zedillo desconocía las transferencias monetarias al PRI, pero “nadie fue a la cárcel porque el gobierno de Vicente Fox retiró los cargos. Y Fox obligó al procurador Rafael Macedo de la Concha a declarar el no ejercicio de la acción penal por Amigos de Fox.
Yo le dije a Fox en Los Pinos que nombrara un fiscal independiente, porque él era el denunciado. Se negó cínicamente. Tengo de testigo a (Santiago) Creel.
Enrique Ochoa Reza (PRI) explicó que si bien la Fiscalía General de la República podrá conocer de los delitos que cometa un Presidente, se mantiene el proceso político que implica la solicitud al Senado, por parte de la Cámara de Diputados, de la remoción del Presidente.
No estamos eliminando el proceso que coloquialmente deriva en un desafuero. El Presidente, en caso de que cometa algún ilícito, seguirá sujeto al proceso político que el Senado aprobará, si cuenta con el voto de las dos terceras partes. Esa es la reforma, explicó.
En tres ocasiones anteriores, las dos cámaras del Congreso han modificado la iniciativa presidencial, que no han sido aceptadas por una u otra instancia.
