Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque todavía no emite una sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- invalidó distintos preceptos aprobados en la Ley Electoral de Tamaulipas por la actual Legislatura, entre ellos el de prohibir la participación a quienes tengan una denuncia penal por violencia política, cuando la Ley habla de no haber sido condenados por ese delito.
Se espera que ordene las modificaciones en una sentencia que estará por emitirse.
La Corte señala además que aún faltará emitir la sentencia y es posible que en ella, señale si el Congreso del Estado está asumiendo medidas violatorias de derechos humanos e incluso hacer reformas que pudieran ir en contra de los preceptos constitucionales.
También se encuentran en análisis otros preceptos de la Ley Electoral de Tamaulipas que se refieren a las coaliciones, por considerar que, al regular indirectamente aspectos sustantivos de esta figura, “invaden la competencia del Congreso de la Unión para legislar al respecto e incluso, contravienen lo dispuesto por éste en la legislación general sobre la materia.
Quienes están impulsando el recurso de inconstitucionalidad para frenar las reformas que se aprobaron en el Congreso del Estado y que fueron publicadas el 13 de junio de este año en el Periódico Oficial del Estado es el PT y Morena.
La Acción de inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020, son promovidas por el Partido del Trabajo y MORENA, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, reformada mediante Decreto LXIV-106, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 13 de junio de 2020.
El Pleno también invalidó las porciones normativas de un artículo de la Ley Electoral que ordenaba el retiro de la propaganda electoral dentro de los siete días siguientes a la terminación del proceso electoral respectivo, pues, al efecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que se lleve a cabo tres días antes de la jornada electoral.
Por otro lado, la SCJN realizó una interpretación conforme de diversos preceptos de la Ley Electoral Local relacionados con la paridad de género, para establecer que este principio (a) garantizar una asignación paritaria en nombramientos por designación y en candidaturas a cargos de elección popular; (b) exige la alternancia entre los géneros por período electivo en candidaturas de representación proporcional; y (c) debe observarse en la asignación de diputaciones de representación proporcional.
Así también, el Pleno interpretó de conformidad con la Constitución la disposición de la Ley Electoral que prevé, como requisito de elegibilidad, no estar condenada o condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, para entender que se refiere a una condena definitiva y solamente por el tiempo en que se compurga la pena.
En otro aspecto, la SCJN invalidó las disposiciones de la Ley Electoral Estatal que prohibían a los aspirantes a candidatos independientes, candidatos independientes y precandidatos denigrar a otros aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos, personas e instituciones públicas o privadas, así como difundir propaganda política o electoral que denigre a las instituciones o los partidos, al considerarlas violatorias de la libertad de expresión.
De igual forma, el Pleno invalidó las porciones normativas de distintos preceptos de la Ley Electoral que se refieren a la capacitación electoral, por estimar que, al regular directamente este tema, sin sujetarlo a una labor de auxilio o a la delegación de la función por parte del Instituto Nacional Electoral, invaden la competencia del Congreso de la Unión para legislar al respecto. La discusión de este asunto continuará en la próxima sesión del Pleno de la SCJN.
