Ciudad de México.- En la conclusión del análisis de la reforma en materia electoral de Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la norma de la Ley Electoral que contemplaba la creación de oficinas municipales como parte del Instituto Electoral Local, sin establecer como mínimo sus atribuciones, al considerarla violatoria de los principios de legalidad y certeza.
Invalidó en la Ley Electoral la creación de oficinas municipales como parte del IETAM.
En contra parte, el Pleno validó en lo general la regulación del quórum y las votaciones en los Consejos General, Distritales y Municipales del referido Instituto, así como la relativa a estos últimos, por tratarse de ámbitos de libertad configurativa de las entidades federativas y no advertirse violación a algún principio en materia electoral. Los Ministros de la Corte sesionaron vía remota a través del sistema de videoconferencia y en ella, se recordó que la decisión de la SCJN va obligar al Congreso del Estado a modificar la Ley Electoral.
Esta actuación obedeció a la Acción de inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020, promovidas por el Partido del Trabajo y MORENA, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, reformada mediante Decreto LXIV-106, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 13 de junio de 2020.
Durante la sesión del 3 de septiembre, el Pleno invalidó diversas disposiciones de la citada Ley Electoral, referentes a coaliciones, retiro de propaganda, libertad de expresión y capacitación, e interpretó de conformidad con la Constitución normas relacionadas con la paridad de género y los requisitos de elegibilidad para acceder a cargos públicos.
Algunos de los preceptos que invalidó la Corte es el de prohibir la participación a quienes tengan una denuncia penal por violencia política, cuando la Ley habla de que, se aplicará cuando un aspirante haya sido condenado por ese delito.
Otros preceptos de la Ley Electoral de Tamaulipas que se refieren a las coaliciones, por considerar que, al regular indirectamente aspectos sustantivos de esta figura, “invaden la competencia del Congreso de la Unión para legislar al respecto e incluso, contraviene lo dispuesto por éste en la legislación general sobre la materia.
El Pleno también invalidó las porciones normativas de un artículo de la Ley Electoral que ordenaba el retiro de la propaganda electoral dentro de los siete días siguientes a la terminación del proceso electoral respectivo, pues, al efecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que se lleve a cabo tres días antes de la jornada electoral.
Por otro lado, la SCJN realizó una interpretación conforme de diversos preceptos de la Ley Electoral Local relacionados con la paridad de género, para establecer que este principio (a) garantiza una asignación paritaria en nombramientos por designación y en candidaturas a cargos de elección popular; (b) exige la alternancia entre los géneros por período electivo en candidaturas de representación proporcional; y (c) debe observarse en la asignación de diputaciones de representación proporcional.
Así también, el Pleno interpretó de conformidad con la Constitución la disposición de la Ley Electoral que prevé, como requisito de elegibilidad, no estar condenada o condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, para entender que se refiere a una condena definitiva y solamente por el tiempo en que se compurga la pena. En otro aspecto, la SCJN invalidó las disposiciones de la Ley Electoral Estatal que prohibía a los aspirantes a candidatos independientes, candidatos independientes y precandidatos denigrar a otros aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos, personas e instituciones públicas o privadas, así como difundir propaganda política o electoral que denigre a las instituciones o los partidos, al considerarlas violatorias de la libertad de expresión.
