Ciudad de México.- El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, que asciende a 6 billones 295 mil millones de pesos –188 mil millones más que el vigente–, se propone balanceado y sensible para enfrentar las dos crisis simultáneas, la sanitaria y económica, que vive el país, sostiene la Secretaría de Hacienda en el proyecto entregado este martes a la Cámara de Diputados.
En este contexto, el gasto dará prioridad a atender la emergencia por el coronavirus, buscará soportar la recuperación económica y reforzar la red social que atiende a los más vulnerables, manteniendo la política de austeridad y de combate a la corrupción.
Con ello se prevé atender como prioridad tres objetivos de política pública: ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud; promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica, y continuar reduciendo la desigualdad.
El gasto corriente se plantea en 2.4 billones de pesos y los principales incrementos que el Ejecutivo federal propone a la Cámara de Diputados se encuentran en salud, educación, bienestar y turismo.
En contraste, se disminuye el gasto federalizado, al que se aplica un recorte de 100 mil millones de pesos, y de 60 mil millones en las participaciones a estados y municipios. La Oficina de la Presidencia tendrá una disminución de 113 millones de pesos respecto de lo autorizado para este año; Gobernación, de 91 millones; Relaciones Exteriores, de 602 millones; la Secretaría del Trabajo, de 5 mil 61 millones; Hacienda, de 3 mil 428 millones, y Energía, de 447 millones.
Como parte de las prioridades del gobierno federal, la Secretaría de Salud tendrá un incremento de 16 mil 588 millones; Educación, 11 mil 764 millones; Marina, más de mil 919 millones, y Bienestar, más de 8 mil 13 millones.
Respecto del impulso económico a la política de carácter social, el proyecto plantea que el regreso a la nueva normalidad debe ir acompañado de la convicción de profundizar en los cambios ya iniciados por el gobierno y avanzar en la construcción de un estado de bienestar que permita reducir el impacto de los factores externos en la economía nacional y las condiciones de vida de la población.
Señala que se propone reordenar las políticas públicas y la asignación de los recursos asociados a éstas, con objeto de reflejar un equilibrio entre las necesidades de la población y de la economía.
La expectativa gubernamental es que el próximo año continuará la reactivación iniciada en el segundo semestre de 2020, a medida que las unidades económicas se adapten al nuevo entorno y que la contención del coronavirus en México y en el exterior permita la recuperación paulatina de la capacidad productiva instalada.
También se espera que el tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá potencie al sector integrado a la economía global y a la inversión estratégica en el país, sustentado en políticas activas de atracción de empresas.
Otra de las perspectivas se finca en que la inversión pública y privada en infraestructura impulsen la generación de empleos y tengan efectos sobre otros sectores, además de que el sector financiero mantenga el flujo adecuado de recursos hacia hogares, empresas y proyectos productivos.
