Quito.- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó el viernes los pedidos de ampliación y aclaración y dejó firme la sentencia contra el expresidente Rafael Correa y una docena de personas que formaron una elaborada red de corrupción que exigía millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de grandes obras públicas.
Con esta decisión quedó firme el fallo que dispuso ocho años de cárcel para Correa y la mayor parte de los implicados, el pago de una indemnización total de 14,7 millones de dólares al Estado, la pérdida de los derechos de ciudadanía, ofrecer disculpas públicas y hacer un curso de ética, entre otras penalidades.
Para Correa, que vive en Bélgica desde mediados de 2017 poco después de dejar el poder, y para muchos de los condenados que huyeron del país la justicia ecuatoriana deberá preparar procesos de extradición para que cumplan las penas dispuestas.
La trama de corrupción fue descubierta por periodistas y desentrañada por la exasesora personal de Correa, Pamela Martínez, quien se convirtió en colaboradora de la fiscalía y aportó datos y detalles precisos del origen y destino del dinero, utilizado para financiar campañas y fiestas del partido entre los años 2012 y 2016.
En una reciente entrevista con The Associated Press, Correa (2007-2017) se mostró seguro de que no será extraditado aduciendo que “han tratado por todos los medios de lograr la extradición, con alerta roja de Interpol. En todos han fracasado porque las acusaciones son tan ridículas que Interpol de oficio creo que desecha las peticiones del sistema de justicia ecuatoriano”.
El expresidente tiene pendientes al menos una veintena de procesos judiciales, la mayoría por supuesta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. En otros dos ya ha sido juzgado, uno por el secuestro del entonces opositor Fernando Balda y otro por corrupción, en el que fue condenado este mes.
