Bogotá.- Una jueza ordenó el sábado que el poderoso expresidente colombiano Álvaro Uribe sea liberado de su arresto domiciliario mientras se le investiga por posible manipulación de testigos, el capítulo más reciente de un caso que ha revelado tensiones persistentes sobre el proceso de paz del país.
La Corte Suprema del país ordenó la detención de Uribe en agosto durante la investigación, escandalizando a los colombianos y desatando protestas a favor y en contra de la decisión. Fue el primer presidente en la historia reciente de Colombia al que se le ordenó arresto domiciliario.
La jueza municipal Clara Salcedo decidió el sábado durante una audiencia en línea que el fallo anterior no podía ser confirmado bajo el nuevo marco legal bajo el cual Uribe está siendo investigado desde que renunció a su escaño en el Senado después de su detención.
“Gracias a Dios”, tuiteó Uribe mientras se leía el fallo.
La decisión puede ser apelada, pero se ordenó la liberación inmediata de Uribe.
La Corte Suprema argumentó en agosto en su decisión de 1.554 páginas que había amplia evidencia para demostrar que Uribe había participado en intentos para presionar a exparamilitares a retractarse de declaraciones perjudiciales contra el expresidente. Sin embargo, la Corte Suprema renunció al control del caso cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado, entregándolo a la Fiscalía General.
Desde entonces, los magistrados han dictaminado que Uribe debe ser juzgado bajo un marco legal diferente diseñado para ciudadanos comunes, lo que allanaría el camino para su liberación.
El abogado del expresidente argumentó que debido a que Uribe sólo está bajo investigación y que no ha sido acusado, debería ser liberado. El fiscal general Gabriel Ramón Jaimes estuvo de acuerdo y dijo a la jueza que creía que se habían violado los derechos al debido proceso de Uribe, pero también enfatizó que la investigación continúa.
“Las víctimas reclaman verdad, justicia y reparación. Y el sistema penal debe proponerle respuestas efectivas, pero siempre dentro del marco de la institucionalidad y el derecho… Mi petición del día de hoy no es ninguna antesala de etapas procesales por venir. No habrá impunidad. Habrá justicia”, aseguró el jueves.
Uribe ha negado con vehemencia las acusaciones.
Sus partidarios sostuvieron que la decisión del arresto domiciliario fue injusta porque los exguerrilleros pudieron permanecer libres mientras testificaban sobre crímenes de guerra. Sus críticos argumentan que hasta ahora los tribunales efectivamente se han hecho la vista gorda ante numerosos señalamientos de que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares durante el conflicto.
El caso ha desatado tensiones que han estado latentes desde hace tiempo sobre el legado de Uribe en Colombia y sobre cómo tratar a los sospechosos de crímenes durante el largo conflicto de la nación entre el Estado, los grupos paramilitares y las guerrillas izquierdistas que dejaron cientos de miles de muertos o desaparecidos.
A Uribe se le atribuye ampliamente el haber liderado una ofensiva militar que empujó a los rebeldes a la mesa de negociaciones y a la firma del acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, su historial también está plagado de acusaciones de abusos de los derechos humanos. Durante su presidencia, oficiales militares mataron a miles de campesinos pobres y los hicieron pasar por guerrilleros para inflar el número de muertos y obtener bonificaciones. Las acusaciones de vínculos con los paramilitares lo han perseguido durante años.
Uribe ha negado esas acusaciones, diciendo que son parte de un complot en su contra.
Francisco Bernate, abogado y profesor de la Universidad de Rosario en Colombia, dijo que el próximo paso será que la Fiscalía General decida si se deben presentar cargos.
“El balón queda totalmente en manos de la Fiscalía General de la Nación para que decida la suerte del expresidente”, agregó.
Iván Cepeda, el legislador opositor cuyas acusaciones iniciales contra Uribe desencadenaron el caso, prometió apelar el fallo, alegando que el fiscal que maneja el proceso mostró parcialidad hacia el expresidente durante la audiencia.
“Es evidente su parcialidad y por lo tanto consideramos que no hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso”, afirmó.
El fallo se produce cuando Colombia está lidiando con la implementación del acuerdo de paz que pone fin al conflicto de mayor duración de América Latina. El acuerdo sigue siendo divisivo y muchos colombianos creen que los términos son demasiado generosos con los excombatientes. Según el acuerdo, a la mayoría se les permite permanecer libres siempre y cuando confiesen sus crímenes.
Los defensores del acuerdo dicen que tales concesiones son necesarias e irrevocables para superar un capítulo sangriento en la historia de la nación.
A diferencia de las secuelas de la orden de detención de la Corte Suprema, no hubo manifestaciones inmediatas a favor o en contra de la decisión de poner a Uribe en libertad. El actual presidente Iván Duque, acólito de Uribe, no emitió ningún comentario sobre el fallo como lo hizo tras el arresto domiciliario del expresidente hace dos meses. Grupos de derechos humanos lo acusaron de inmiscuirse en asuntos judiciales.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que el fallo del sábado no es una sentencia contra la orden de detención de la Corte Suprema, sino una interpretación procesal de la ley bajo el nuevo marco.
Hizo un llamado a los colombianos a respetar la decisión de la jueza, independientemente de su opinión.
“Eso fue lo que no hizo el uribismo con la orden de detención contra Uribe de la Corte Suprema, pero es lo que deben hacer todos los colombianos ahora”, afirmó.
