Desde siempre, la elección de los Magistrados de las judicaturas locales ha sido bastante cuestionada por la sociedad.
Se trata de una desconfianza entendible y justificada, porque es un secreto a voces que casi siempre las designaciones se hacen en base a factores que nada tienen que ver con la capacidad profesional de los beneficiados.
Para decirlo más claro, las Magistraturas se utilizan para beneficiar a los amigos y compadres, o para pagar favores políticos.
Como en todo , claro está, hay sus excepciones.
Por esa razón, hoy cobra trascendencia y relevancia la propuesta que se encuentra bajo estudio en el Congreso de la Unión, para que, en un futuro próximo, la designación de los Jueces de segunda instancia se haga a través de concurso de oposición.
Recurrir a este procedimiento, en el que varias personas concurren para disputarse el cargo público, sería un paso de enorme importancia para garantizar que quienes impartan justicia sean realmente los más preparados.
Además, representaría un avance en términos de transparencia y participación ciudadana.
No sé si finalmente se vaya a lograr ese propósito, pero el solo hecho de que se encuentre en la mesa de discusión es ya un gran avance, porque con ello se reconoce lo que le comentaba: lo viciado que está la designación de los Magistrados.
Es inadmisible que se sigan dando designaciones de Magistrados, cuyo único mérito es su vínculo con las jerarquías del poder público.
La propuesta del concurso de oposición para designar a Magistrados, forma parte de una amplia reforma judicial que está en la mesa de discusión del Senado de la República.
Hay otro dato relevante en la pretendida Reforma Judicial: imponer como requisito de elegibilidad para el cargo de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la demostración de experiencia previa en el Poder Judicial, y no haber formado parte del gabinete del Gobernador.
El sistema de justicia penal debe estar bajo la responsabilidad de auténticos peritos en derecho, y para ello es importante alejarlo de las injerencias políticas.
Ojalá que a los legisladores federales no les tiemble la mano a la hora de aprobar la reforma judicial. Hoy más que nunca se requiere crear condiciones para que quienes imparten justicia lo hagan libremente, sin presiones de ningún tipo, y sobre todo, sin el peso de deberle el cargo a un “padrino”.
EL RESTO.
UNA SEMANA Y NADA.- Se cumplió ya una semana desde que asumió la alcaldía de Victoria, Pilar Gómez Leal, y al menos en el sector donde vivo sigue el mismo desastre con el servicio de recolección de la basura.
Las montañas de desechos continúan sobre las banquetas porque el camión recolector lleva días sin pasar.
Y no se puede echarle la culpa a los vecinos, porque la autoridad no ha sido capaz de al menos informar los días en que habrá servicio.
Esperemos que pronto la situación se resuelva. Nos dijeron que las cosas cambiarían. Seguimos esperando que así sea.
NADIE PARA A LA CFE.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue convertida en verdugo implacable de decenas de familias tamaulipecas.
De forma arbitraria y abusiva, la paraestatal sigue iniciando procedimientos administrativos contra muchos usuarios, a quienes acusa, sin pruebas, de “uso irregular del fluido eléctrico”, que en términos simples significa robo de la energía.
Lo más grave del asunto es que los usuarios están indefensos, primero porque la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco) prácticamente desapareció sus oficinas de Tamaulipas, y dos, porque defenderse por la vía judicial implica un enorme gasto que no todos están en posibilidades de realizar.
Bajo ese escenario, a la gente no le están dejando otro camino que salir a las calles a protestar. En el Gobierno de la “4T” deberían medir bien el riesgo de cargarle la mano al pueblo bueno.
ASI ANDAN LAS COSAS.
