Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Anticorrupción aprobó el dictamen de los requisitos para elegir a los aspirantes que integrarán la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción -SEA- que el próximo jueves será llevada al pleno.
De acuerdo a la revisión de la documentación y entrevistas realizadas con los aspirantes, todos coincidieron en el deseo de participar en una sector fundamental para combatir la corrupción.
El dictamen aprobado contiene una lista de 9 aspirantes y donde no hay observaciones que puedan frenar su paso para llegar hasta el pleno y que sea la mayoría de los legisladores quienes decidan o no, darles su voto para formar parte del SEA.
De las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, se encuentran en condiciones de ser votados por el Pleno: Alicia Campos Almodóvar, Oscar Jesús Ballesteros González, Armando Villanueva Mendoza, Celso Pérez Amaro y Mariano Martínez Díaz de León.
Por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, también cumplieron los requisitos y solventaron entrevistas: José Luis Dávila Guerrero, Sandra Imelda Guardiola Sáenz, Rolando César Ramírez Acosta y María Guadalupe Garza López.
En el desarrollo de las entrevistas efectuadas este martes, las Diputadas y Diputados de las distintas fuerzas políticas cuestionaron el motivo de las y los aspirantes, de participar al interior de la Comisión de Selección, figurando en las respuestas que se trata de un compromiso y responsabilidad ciudadana que desean ejercer en favor de Tamaulipas.
Además, coincidieron en que la lucha contra los actos de corrupción es un asunto que si bien ha progresado, a través de reformas e implementaciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, se necesita de una suma de esfuerzos, donde la participación ciudadana es crucial para erradicar este mal.
Es importante recordar que la Comisión de Selección, tiene como principal función designar al Comité Estatal de Participación Ciudadana quienes colaborarán para el cumplimiento del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.
