Mañana jueves, el Pleno del Congreso del Estado habrá de designar a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Son nueve los aspirantes registrados y todos quedarán electos porque es el número de Comisionados que se requieren. Por lo tanto, lo de mañana será mero trámite.
Su tarea es única: cada que a un miembro del Comité de Participación Ciudadana (son cinco) se le acaba su periodo de ejercicio, los Comisionados deben emitir una convocatoria pública para seleccionar a su reemplazo.
Ambos organismos —la Comisión de Selección y el Comité—están integrados, en teoría, por ciudadanos ajenos a todo vínculo político y dueños de un prestigio intachable.
La ocasión es propicia para preguntarnos: ¿a tres años de la integración del Sistema Estatal Anticorrupción (Sea), han cambiado las cosas en materia de combate a la corrupción? ¿Ha dado resultados la ciudadanización del ataque a la deshonestidad?
La interrogante es válida, porque la razón de ser del Sea fue precisamente esa: atacar frontalmente la corrupción.
No sé usted qué opine, pero en lo personal me parece que muy poco o nada ha cambiado en ese tema.
El Sea está convertido en un ente burocrático, que no ha respondido a las expectativas que su creación generó entre la sociedad.
Recuerdo los discursos en la instalación del sistema. Se nos prometió que en adelante habría un combate sin cuartel contra la corrupción. Se advirtió a todos los servidores públicos que deberían caminar derechito, porque las consecuencias legales serían inevitables e implacables.
Pero insisto: nada ha cambiado.
Basta voltear a ver el mar de corrupción en que nadó la administración municipal de Victoria, para comprobar que el discurso oficial no concuerda con la realidad.
Fueron decenas las denuncias de desvíos públicos, que se documentaron en los medios de comunicación durante los dos años que encabezó el Gobierno Municipal, Xicoténcatl González Uresti, y es fecha que no hay responsables.
Todavía este martes, El Diario de Ciudad Victoria, difundió a “ocho columnas”, información sobre una fechoría más cometida por González Uresti. Le pagaba casi 500 mil pesos mensuales a una proveedora, para que difundiera información periodística de las actividades del Gobierno municipal.
Lo peor de todo es que la proveedora, identificada como Rebeca Jiménez Medrano, no existe. Por lo menos, en el domicilio que señaló en Reynosa, dicen no conocerla.
Y no solo eso. No existen evidencias de que haya publicaciones periodísticas bajo esa firma.
Como le decía: lo de Victoria es apenas un ejemplo de que las cosas siguen igual. La corrupción está a todo lo que da en el servicio público, y los responsables se pitorrean de las instituciones que deberían estarlos persiguiendo y castigando.
EL RESTO.
BIEN COTIZADO.- El exdiputado local del PAN, Ciro Hernández Arteaga, está convertido en uno de los políticos más “cotizados” en el municipio de Altamira.
Desde que concluyó su encargo como legislador, hace poco más de un año, Hernández se dedicó de lleno a fortalecer su presencia entre la población altamirense. No ha dejado de llevar beneficios a los grupos más vulnerables y eso le ha acarreado una gran simpatía.
Tanta es esa simpatía, que las encuestas dicen que Ciro ganaría, sin problema, la elección para la Presidencia Municipal de Altamira. No importa por cual partido se postule.
El problema es que su actual partido, el PAN, tiene comprometida la candidatura para el actual diputado.
En esas condiciones, lo más probable que pronto se le vea enfundado en la camiseta de Morena, o posiblemente hasta en la del PRI. El quiere ser Alcalde como sea.
ASI ANDAN LAS COSAS.
