Ciudad de México.- A diferencia del pasado, cuando los ex funcionarios se retiraban “a disfrutar del botín robado al pueblo”, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han aplicado sanciones al más alto nivel, afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.
“Rosario Robles, Emilio Lozoya y Edgar Torres Garrido (recientemente inhabilitado) y otros de sus cómplices han recibido la sanción administrativa más alta posible”, dijo al inicio de su comparecencia ante la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe presidencial.
Sostuvo que el actual gobierno será recordado por moralizar la política e inaugurar una nueva ética pública y manifestó que se ha acelerado la marcha para terminar con la impunidad y construir una administración orientada a la legalidad, eficiencia y eficacia.
Expuso que con hechos se ha demostrado que en este gobierno no se encubre a nadie, no se actúa bajo consigna ni se permite la impunidad, además de que se aplica una política de cero tolerancia a las irregularidades del nuevo gobierno.
En ese sentido dijo que se han aplicado más de 5 mil sanciones a servidores públicos, casi mil suspensiones, 900 amonestaciones públicas y 800 privadas, casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones, sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados. “Esta administración no ha protegido a nadie”, resaltó.
Asimismo, dijo que la SFP ha asegurado que la emergencia por la pandemia no sea pretexto para encubrir desfalcos.
“Este gobierno auspicia el derecho a la salud y fuera de cualquier interés de lucro y estamos decididos a terminar con las prácticas corruptas”, declaró.
Refirió que desde septiembre de 2019 se han recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción y aplicado multas por 21 mil millones de pesos a más de 12 proveedores, “muchos de ellos monopolios que con mentiras, incumplimiento y defraudación afectaron al Issste y sus usuarios”.
También citó que se sancionó e inhabilitó a empresas farmacéuticas que participaron de manera conjunta en adjudicación directa para servicios de anestesiología, falsearon información y actuaron con dolo.
