Ciudad de México. Los estados deben permanecer bajo el pacto fiscal que hay con la federación no porque exista deuda de un actor hacia otro, sino porque la valoración de riesgo sobre el endeudamiento subnacional se considera menor al estar respaldado por recursos federalizados, da “cierta estabilidad”, explicó Manuel Kinto, director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch.
Sobre el debate de los últimos días en que una fracción de oposición –en su mayoría del Partido Acción Nacional– ha amagado con romper el pacto fiscal que se logró en el sexenio de Felipe Calderón, el analista consideró que es algo de coyuntura, como cada año, por el debate del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Más allá de dicha coyuntura, una gran parte de las valoraciones que hace la firma sobre el riesgo crédito parten de la procedencia de recursos y los estados tampoco han ampliado sus capacidades de recaudación, manifestó en un seminario convocado por la firma de riesgo crediticio.
Acerca de las críticas que se han hecho sobre el apoyo del gobierno federal a las finanzas de los estados, Alfredo Saucedo, director senior de Finanzas Pública en Fitch, agregó que no se ha anunciado una ayuda extraordinaria, pero las modificaciones que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adelantar recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), sin mandato de ley, sopesan los efectos de la pandemia y ayudaron a dar liquidez a las entidades.
Kinto agregó que además de la modificación de reglas para adelantar recursos de este fondo, abonan los programas de la banca de desarrollo para el diferimiento de capital e intereses.
Eso no implica que no hay o habrá presiones para los estados, explicaron los analistas. Sobre todo en los 15 que tendrán elecciones el próximo año. Además del apremio por liquidez, crece al cierre de cada ejercicio fiscal, por ley los créditos de corto plazo se deben pagar antes de que termine una administración. Es decir, que 15 gobernadores deben pagar obligaciones de menos de seis meses antes de dejar el cargo.
Kinto explicó que la presiones de los estados, aún con aumentos en la recaudación, son absorbidos por el pago de servicios personales. De hecho, mientras ese rubro se ha mantenido al alza, entre 2015 a 2019 el gasto en inversión pública ha caído 4.3 por ciento.
Indicó que en el pasado el crecimiento de las participaciones federales compensó el lento dinamismo del gasto etiquetado, pero la caída en la recaudación federal para 2021 no lo permitirá. Como contexto, entre 2016 y 2019, la recaudación participable creció 7.4 por ciento.
Para 2021 se prevé una caída de 3.2 por ciento en las participaciones –que dependen de la recaudación federal–; un aumento de 2.3 por ciento en el gasto etiquetado vía aportaciones; una baja de 20.4 por ciento vía convenios; de 39.8 por ciento en convenios y de 100 por ciento en los gastos de seguridad social y protección social en salud.
En suma, se prevé que el gasto federalizado caiga 5.8 por ciento en 2021.
No obstante, explicó Saucedo que hasta el momento la mitad de la deuda subnacional que califica Fitch tiene valoración de AAA, por lo que el riesgo de incumplimiento es muy bajo.
Aún con ello, los analistas explicaron como positivas las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con las que los gobiernos subnacionales, entre otras medidas, pueden contratar y reestructurar financiamientos sin contar con el aval del Congreso local en caso de un desastre natural o emergencia sanitaria.
