Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El pleno del Congreso del Estado aprobó en la miscelánea fiscal para 2021, cobrar impuestos a la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y a las plataformas digitales de transporte como Uber’s y Didi.
Las diputadas de Movimiento Ciudadano Patricia Pimentel y de Morena Edna Ribera López, propusieron modificar el dictamen e incluso, como en el caso de Pemex y CFE, eliminar las cargas fiscales que se crearon.
Pimentel consideró que cobrar 8 mil 774 pesos (101 UMAs) a las plataformas digitales de transporte, representa una cantidad muy alta, sin pasar por alto que a nivel nacional, ya les aplican una carga fiscal.
La legisladora consideró que, hay personas que están viendo como un empleo, manejar un vehículo como transporte y aplicar un impuesto de ese tamaño los va a dañar. “Al menos deben darles facilidades de pago, porque ellos buscan llevar un sustento a su casa”.
Quien protestó en tribuna fue la diputada Edna Rivera López y pidió eliminar los impuestos a las empresas paraestatales por arrojar contaminantes al medio ambiente.
“Estas dos empresas paraestatales, que apenas ahora están funcionando con finanzas sanas y lo más importante con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, dejenlos trabajar a favor del pueblo”.

A partir del 2021, el Gobierno de Tamaulipas va a aplicar impuestos a la CFE y Pemex por las sustancias contaminantes que afecten al medio ambiente y será la Seduma quien se encargue de revisar, evaluar y dictaminar los niveles de afectación que ocurran.
Mientras tanto, en la Ley de Ingresos aprobada se establece que habrá un incremento del 4.51% de los recursos captados, en comparación a los obtenidos en 2020.
La recaudación estatal, por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, se calculan en siete mil 982 millones 189 mil pesos, lo cual refleja un incremento de 8.64 por ciento con respecto de los ingresos aprobados para el ejercicio 2020.
El Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de contratar un crédito por mil 500 millones de pesos, que no requiere de la aprobación del Congreso del Estado porque se trata de deuda a corto plazo.






