Durante la actual administración estatal, ha sido un completo misterio la tardanza en las designaciones de Magistrados en el Poder Judicial del Estado.
Han transcurrido meses, e incluso años, para que se inicie el proceso Constitucional y legal para elegir a los reemplazos de aquellos Jueces de segunda instancia, que han debido dejar el cargo al concluir el ejercicio para el que fueron electos.
Por ejemplo, desde marzo del 2018, la Sala de Justicia para Adolescentes esta sin Magistrado tras la salida de Pedro Lara Mendiola, y en similar condición está la Cuarta Sala Unitaria Penal, cuando dejó el cargo la magistrada Mariana Rodríguez Mier y Terán, para buscar una Diputación federal.
El año pasado, también quedó sin Magistrado la Novena Sala Unitaria, Civil y Familiar, al terminar su encargo Egidio Torre Gómez.
Oficialmente no hay quien dé una respuesta del porque esa lentitud en la designación de los tres reemplazos, y de manera extraoficial las versiones son distintas, pero todas basadas en la especulación.
El problema, de por si gravísimo, se complicará todavía más porque durante el presente año habrán de dejar el cargo al menos otros cuatro Magistrados, quienes agotarán el periodo para el que fueron electos.
Se trata de Raúl Morales Cadena, titular de la Sexta Sala en materia Penal (llegará a los 12 años en el cargo); Miguel Gracia Riestra, encargado de la Séptima Sala Civil y Familiar; Adrián Alberto Sánchez Salazar, responsable de la Tercera Sala Civil y Familiar, y Javier Valdez Perales, Magistrado Regional.
Eso significa que el máximo tribunal de justicia en el Estado quedará desmantelado. De trece Salas (incluidas las tres regionales) que tiene el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), ¡siete podrían quedar sin titular este año!
El asunto es para preocupar, porque la falta de titulares en las Salas hace lento, o de plano descarrila, el funcionamiento de la maquinaria judicial, con la consecuente afectación a los justiciables.
Es verdad que hay casos de Salas donde son los secretarios los que realizan el trabajo “duro” y los Magistrados solamente firman las sentencias, pero el hecho se complica cuando las Salas deben funcionar de forma colegiada porque no hay con quien integrarlas.
Es la primera vez en la historia del Poder Judicial del Estado que ocurre una situación de esta naturaleza.
El tema se vuelve más intrigante porque no es ausencia de perfiles lo que detiene las designaciones.
Hacia dentro del mismo Poder Judicial hay muchos Jueces que tienen trayectoria y preparación para merecer un ascenso, mientras que hacia afuera existe una larga lista de profesionales del Derecho que tienen levantada la mano en solicitud de una oportunidad.
Alguna explicación debe haber. Seguramente el tiempo se encargará de dar la respuesta.
EL RESTO.
NO DAN UNA. – En la Fiscalía General de Justicia del Estado, el rezago en la judicialización de carpetas de investigación es inmenso.
Dos son las razones del problema: uno, el déficit de personal operativo, sobre todo de agentes del Ministerio Público y Policías Investigadores; y dos, el fracaso de los medios alternos de solución de conflictos, particularmente la mediación y conciliación.
Bajo esas condiciones, ya es un completo fracaso el sistema acusatorio de justicia penal. Los operadores del modelo de enjuiciamiento penal a través de la oralidad, no dan una.
A casi cinco años del estreno del sistema acusatorio, queda claro que el sistema tradicional era mejor. Bastaba perfeccionarlo.
Lo más grave de todo es que no parece haber intenciones de buscarle solución al problema. Ni siquiera son capaces de admitirlo.
ASI ANDAN LAS COSAS.
