Yangon.- Cientos de miembros del Parlamento de Myanmar seguían confinados el martes en sus viviendas gubernamentales en la capital del país, un día después de que el ejército dio un golpe de Estado y detuvo a políticos de alto rango, incluyendo la líder de facto, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Uno de los legisladores bajo arresto domiciliario contó que él y unos 400 parlamentarios más pudieron hablar entre ellos dentro del complejo y comunicarse con sus distritos electorales por teléfono, pero no se les permitió abandonar las residencias en Naypyitaw, donde no estaba Suu Kyi.
El legislador apuntó que los políticos, entre los que había miembros de la formación de Suu Kyi y de varios partidos más pequeños, pasaron la noche en vela preocupados por una posible detención, pero que por lo demás están bien. Había policía dentro del complejo y soldados fuera, añadió.
“Teníamos que permanecer despiertos y alerta”, señaló el legislador, que habló bajo condición de anonimato por temor a su seguridad.
La toma de poder se produjo en la misma mañana en que legisladores de todo el país se reunían en la capital para la apertura del nuevo parlamento. El ejército dijo que la maniobra era necesaria porque el gobierno no había respondido a sus denuncias de fraude en las elecciones de noviembre — en las que el partido gobernante de Suu Kyi logró la mayoría de los escaños parlamentarios en juego — y destacó que era legal según la constitución birmana. Pero la insurrección militar fue condenada ampliamente en el extranjero.
La sublevación pone de manifiesto el alcance del control ejercido por los generales en el país a pesar de más de una década de conversaciones sobre las reformas democráticas. Las naciones occidentales habían celebrado el avance hacia la democracia con entusiasmo, retirando las sanciones en vigor durante años.
Además supone una prueba para la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las acciones militares como “un asalto directo a la transición del país hacia la democracia y al estado de Derecho” y amenazó con imponer nuevas sanciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá más tarde el martes para evaluar la situación.
El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia, pidió al ejército en un comunicado que respete los resultados de las elecciones de noviembre y libere a todos los detenidos.
“Que el comandante en jefe tome el poder de la nación va contra la Constitución y niega el poder soberano del pueblo”, señaló la formación en una de sus páginas de Facebook.
El canal de televisión de los militares, Myawaddy TV, anunció el lunes que el Comandante en jefe, el general Min Aung Hlaing, asumiría el mando del país por un año. Más tarde, su oficina anunció los nombres de los 11 ministros del nuevo gobierno, compuesto por generales, exgenerales y asesores de un antiguo gobierno liderado por el exgeneral Thein Sein.
La reacción de la población a la sublevación no estuvo clara de inmediato. En Yangón, la ciudad más grande del país, las calles estaban más tranquilas de lo habitual el martes, pero los mercados estaban abiertos, los vendedores callejeros continuaban cocinando comida y los taxis y autobuses seguían circulando.
No había indicios evidentes de un fuerte dispositivo de seguridad, pero sí existía cierta inquietud. La gente retiró las ubicuas banderas rojas del partido de Suu Kyi de sus casas y negocios.
En 1988 y 2007, las revueltas populares contra el ejército terminaron en un derramamiento de sangre.
El golpe es una asombrosa pérdida de poder para Suu Kyi, una activista por paz que estuvo detenida en su casa durante años mientras seguía con una campaña para llevar la democracia al país y que se convirtió en la gobernante de facto cuando su partido ganó las elecciones en 2015.
Suu Kyi fue una crítica acérrima del ejército durante sus años de detención, pero tras pasar de icono de la democracia a política tuvo que trabajar con los generales, quienes a pesar de permitir elecciones nunca cedieron del todo el poder: mantuvieron el control de ministerios clave y se aseguraron suficientes escaños parlamentarios para poder vetar cualquier cambio constitucional.
Aunque la líder, de 75 años, sigue siendo sumamente popular en su país, su deferencia hacia los generales — defendiendo incluso la represión sobre la minoría musulmana rohinya que la comunidad internacional considerada un genocidio— ha empañado su imagen a nivel internacional.
