Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La estrategia de militarizar las fronteras en México y en particular en Tamaulipas, le ha fallado a la Federación, porque los migrantes están llegando directo a los traficantes de personas con el riesgo de enfrentar situaciones como la masacre en Camargo.
La Guardia Nacional está conteniendo la migración en el sur y en el norte los migrantes se refugian con los traficantes de personas.
Visto por la organización “Mexicanos Unidos contra la Delincuencia”, la militarización no garantiza un respeto a los derechos humanos ni garantiza una migración segura, ordenada y regulada.
Sin embargo, se observa una acción de persecución y criminalización de la migración que ha orillado a las personas a contratar o ponerse en manos de los polleros.
Consideró entonces que la Guardia Nacional, una de las corporaciones que han militarizado la frontera, debería garantizar la seguridad de los mexicanos y no conteniendo la migración.
Señala cómo en el mes de enero 2019, la Federación presumió una política migratoria de contención y criminalización a una de derechos humanos, pero no fue así ante la presión que inyectó Estados Unidos.
“No sólo se mantuvo la política migratoria de persecución y criminalización, sino que se endureció y se militarizaron las fronteras”.
Ahora, frente a la masacre de Camargo el pasado 22 de enero, esta organización le pidió al Gobierno Federal, “admitir los riesgos y delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes al transitar por México”.
Propone que se adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente “el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante”.
Consideró que la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas, es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México.
Previo a esta masacre de migrantes, hubo cuatro que impactaron al mundo: Los 72 migrantes en agosto del 2010 en San Fernando; Las fosas clandestinas de San Fernando en 2011; la masacre de Cadereyta en 2012 y el crimen registrado en Güémez en 2014.
La ONG, añade que “los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza”.
Pero además señala que, es evidente la falta de diseño e implementación de políticas preventivas contra la violencia y se garantice el derecho a una migración segura y cita al Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio.
“Los hechos ocurridos el 22 de enero en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde se localizaron 19 personas calcinadas en dos camionetas, organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comité de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenamos la masacre y exhortamos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes contra personas migrantes, que vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década”.
