Por más que se diga que, como país, y como Estado, hemos avanzado a pasos agigantados en materia de transparencia y acceso a la información pública, la verdad es que seguimos reprobados.
Es cierto, hemos mejorado con respecto a cómo estábamos hace algunos 10 o 15 años, pero no es algo para sentirnos orgullosos.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tiene tantas rendijas o lagunas que terminan complicando el ejercicio de ese derecho ciudadano.
No sé si por apatía, prepotencia, o simplemente porque les da la gana, pero prevalece una enorme resistencia de muchos funcionarios públicos a atender los requerimientos de información que les hacen los ciudadanos.
Le cuento de ello con conocimiento de causa, porque en mi calidad de periodista soy usuario recurrente del derecho a la información, como herramienta de reporteo, y viera usted que complicado y tortuoso es el camino para lograr sacarle información a las instancias de Gobierno.
De entrada, prácticamente todos hacen uso del derecho de prorroga que contempla la ley para responder una solicitud de información.
Se entiende que la prorroga es una alternativa a disposición del sujeto obligado, para que la use cuando lo que se le pide es muy complicado de obtener con rapidez.
Sin embargo, en la realidad los servidores públicos utilizan de manera automática esa prórroga, que en una primera ocasión puede ser de 20 días hábiles, y en la segunda, de diez días.
Me sucedió recientemente con la Fiscalía General de Justicia del Estado. A través de una solicitud de información pública le requerí copia del informe anual de labores, que el titular, Irving Barrios Mojica, entregó al Congreso del Estado.
Como el documento estaba elaborado, bastaba solo con sacarle una copia y entregarlo al solicitante.
Pero no, la solicitud se presentó en diciembre pasado y es fecha que no la han entregado, porque la Fiscalía, a través de su Unidad de Transparencia, solicitó dos prórrogas para responder.
¿Dos meses para fotocopiar un documento?
De esa manera, un ciudadano tiene que esperar hasta dos meses o tres meses para obtener una respuesta de la autoridad.
Pero eso no es todo. Otra maña de la autoridad es contestar lo que quiere o le conviene. Cuando la información solicitada es comprometedora, el ente público simplemente dice no disponer de ella y recurre al argumento de que, “no está obligada a elaborarla”.
Igual se ha convertido en rendija de escape para el ente público la figura de la reserva. Cuando por la razón que sea, el sujeto obligado no quiere entregar la información, simplemente dicta una reserva. Es algo muy frecuente con la Secretaria de Seguridad Pública, bajo el pretexto recurrente de que: “es información que podría comprometer la seguridad del Estado”.
Pero hay funcionarios más valemadristas que todos los anteriores, porque optan por simplemente no contestar. Ni siquiera usan la prórroga. Le apuestan a que el solicitante no hará uso del recurso de revisión, o de queja, que es el mecanismo para defenderse.
Y sí, efectivamente hay muchos ciudadanos que no quieren, o no tienen tiempo, para iniciar un procedimiento que obligue al servidor público a entregarle la información requerida, y prefieren olvidarse del asunto.
Total, que, como le decía al inicio, los Gobiernos siguen reprobados en transparencia.
Y le hablo de los tres órdenes de Gobierno: el federal, los estatales y los municipales. Todos cojean del mismo pie.
ASI ANDAN LAS COSAS.
