Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los legisladores en Tamaulipas deben de sumarse a la lucha de los maestros que han exigido una reforma para que el pago de sus pasiones se dé en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA), expuso la diputada Copitzy Hernández García.
Dijo que son miles de maestros en México pero en particular en Tamaulipas, los que se vieron afectados con el criterio jurisprudencial que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este criterio, que se emitió el pasado 17 de febrero, fijó que el tope máximo en pensiones sería en Unidades de Medida y Actualización (UMA), y no en salarios mínimos.
Actualmente la UMA es de $89.62 pesos y un salario mínimo en la zona norte es de $213.39 pesos diarios.
Copitzy Hernández García, propuso que desde el Congreso de Tamaulipas se exija una reforma legal para que sea el salario mínimo la base para el cálculo de pensiones.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado Héctor Escobar Salazar, dijo que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador, está solicitando reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para frenar los amparos que vayan en contra las reformas que haga el ejecutivo federal como la Ley Eléctrica, “puede frenar mandar hacer una reforma para que apoye a millones de maestros jubilados y pensionados en Tamaulipas”.
Los dos legisladores tanto del PRI como del PAN, coincidieron en la necesidad de ayudar a los maestros de acuerdo al ámbito de competencia que tienen el poder Legislativo para convocar a legisladores federales que corrijan las acciones arbitrarias que han cometido con los maestros que han preparado a miles de generaciones en Tamaulipas.
Señalaron que la decisión que emitió la Corte, contradice el principio de progresividad de derechos y de no retroactividad de la ley porque las normas deben ser más benéficas día con día para los ciudadanos.
Se advirtió que, de no haber una respuesta a la demanda de los maestros, las protestas crecerán porque están siendo atropellados en sus derechos.
“Lo político y económico no puede estar por encima de derechos laborales, de seguridad social y de los derechos humanos”.
