Ciudad de México.- Por mayoría de votos, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó someter a consideración del pleno el próximo miércoles, la presentación de una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por haber aprobado lo que se ha interpretado como un blindaje para evitar que el gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pierda el fuero.
En el proyecto de la controversia constitucional, la Cámara Baja argumentó que las reglas aprobadas por el Congreso de Tamaulipas son ilegales porque violan los artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y vulneran la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra servidores públicos, así como el propio orden constitucional.
En contraparte, el Congreso de Tamaulipas rechazó que el acuerdo aprobado el 2 de marzo pasado, que establece las reglas de homologación del proceso de desafuero, se trate de un “blindaje del Ejecutivo del estado”.
A través de un comunicado, los legisladores tamaulipecos consideraron que algunos han denominado erróneamente como blindaje a dicho acuerdo en el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso local el párrafo quinto del artículo 111.
“No se trata de ningún blindaje como se ha señalado mediáticamente, sino de fijar las bases procedimentales que permitan a la Legislatura local ejercer la competencia que sobre este asunto le confiere la norma suprema, para que en observancia a esa potestad resuelva lo conducente”, dicen.
Este acto, se añade, “contrario a lo que se especula, lejos de ser un blindaje, genera certeza y transparencia para los involucrados, entre ellos la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y es con el único fin de que el Congreso del estado lleve a cabo sus facultades constitucionales”.
La Jucopo de la Cámara Baja aprobó el proyecto de controversia constitucional, que deberá ser firmada por la también presidenta del Congreso de la Unión, la priista Dulce María Sauri, que sería presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En sus argumentos explican que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados declarar si ha o no ha lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos.
