Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó 285 a favor, 77 en contra y 46 abstenciones presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas para invalidar la protección que los legisladores estatales dieron al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca por su posible desafuero.
Por lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri, presentará el proceso judicial ante el máximo tribunal constitucional y pedirá a los ministros resolverla “de manera prioritaria” por la urgencia del caso y su interés social.
Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a San Lázaro el desafuero del panista García Cabeza de Vaca, el 2 de marzo el Congreso de Tamaulipas modificó las reglas en esta materia para dejar al Poder Legislativo del estado la decisión final sobre esta solicitud.
La controversia constitucional pide a la SCJN invalidar el acuerdo del 2 de marzo, pues argumenta que viola los artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 de la Constitución al vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra servidores públicos; así como al propio orden constitucional.
“En lo que se refiere a los gobernadores, diputados a las Legislaturas Locales y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura Local respectiva, únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento“, señala la controversia.
La controversia constitucional es un juicio que se promueve para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados.
