Ciudad de México.- El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, ganó un amparo que le otorgó el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para efecto de que se le permita a él o sus defensores el acceso a la carpeta de investigación que se le sigue por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su resolución, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del juzgado Tercero de Distrito de Amparo, resolvió que la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación “A-GI” en la Ciudad de México en la Dirección General de Asuntos Especiales, de la Fiscalía General de la República (FGR), deje insubsistente su determinación del 28 de febrero de dos mil veinte, en la que negó al abogado del ex gobernador, las copias certificadas que le solicitó de la carpeta de investigación.
Asimismo, le ordenó a la fiscalía que emita una nueva determinación mediante la cual, de no existir un diverso impedimento legal al analizado le expida a la defensa legal los documentos que solicitó el 22 de enero y once de febrero de 2020. Al respecto, el Ministerio Público ya impugnó la sentencia del juez federal a través de un recurso de revisión.
Roberto Sandoval Castañeda, quien gobernó Nayarit de 2011 a 2017, y su hija, Lidy Alejandra Sandoval López, son buscados por la FGR desde marzo pasado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, que habrían cometido en complicidad con el ex fiscal del estado Édgar Veytia Cambero, preso en Estados Unidos por narcotráfico.
La FGR informó en su momento que obtuvo las órdenes de aprehensión libradas por el juez del Centro de Justicia Penal Federal en esa entidad.
En su acuerdo, el juzgador señaló que los cargos contra el ex mandatario y su hija son “de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de operaciones reportadas en detrimento de las finanzas públicas de Nayarit”.
La orden de aprehensión considera que existen datos de prueba, tanto en el fuero común como en el federal que los vinculan con las actividades ilícitas de Veytia. Para obtener la autorización judicial, la FGR argumentó que el ex gobernador y su hija tienen alta capacidad económica y nexos con un grupo del crimen organizado que les facilitaría evadir la justicia.
También se autorizó pedir a la Interpol una ficha roja para ubicar y detener a ambos. Apenas en febrero del año pasado, el Departamento de Estado informó que el ex gobernador tiene prohibido ingresar a territorio estadunidense debido a que “se apoderó indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes”.
